En el único Estado de la Unión que permite a un enfermo
elegir la muerte, el gobernador John Kizhaber ha decidido dejar de
imponerla. Su decisión unilateral de no permitir una sola ejecución más
por motivos puramente morales abre un nuevo debate sobre la pena de
muerte en el país que comparte sin reparos la cabeza mundial con China,
Irán, Corea del Norte y Yemen. El 61% de la población en EE UU está en
favor de la pena de muerte, a pesar de que esa cifra ha descendido desde
que en 1994 alcanzó un abrumador 80%.
En Oregón, uno de los estados más
progresistas del país, donde es legal el consumo de marihuana, la
eutanasia y el nudismo, los votantes han sido ambivalentes en este tema:
la suspendieron dos veces y la aprobaron otras dos, la última en 1984.
Con todo, los tribunales han sido muy comedidos a la hora de imponerla y
actualmente solo hay 37 presos en el corredor de la muerte. Kizhaber,
un demócrata que ha sido reelegido dos veces, solo ha tenido que
permitirla en dos ocasiones al principio de su mandato, pero esa culpa
todavía le persigue, según confesó el martes en una emotiva rueda de
prensa.
«Fueron las decisiones más difíciles y que más me
hicieron agonizar en toda mi carrera», confesó. «Las he revisado y
cuestionado una y otra vez durante los últimos 14 años. No creo que esas
ejecuciones nos trajeran más seguridad y tampoco nos hizo una sociedad
más noble. Simplemente no puedo participar de nuevo en algo que creo
moralmente equivocado». Para no usurpar la voluntad de los votantes, que
restauraron la pena capital en referéndum, no utilizará su poder para
conmutar las sentencias por cadena perpetua, sino que solo concederá
aplazamientos temporales a todos los presos que lleguen al final del
corredor de la muerte.
Eso parece que ha indignado por igual a Gary Haugen, un
asesino convicto de dos asesinatos, como a los familiares de sus
víctimas, que califican al gobernador de cobarde por no ser capaz de
llevar a cabo su sentencia. Kitzhaber ha hecho notar que los votantes de
Oregón nunca tuvieron la intención de convertir la pena de muerte en
una ejecución voluntaria, porque en realidad los únicos presos que han
recibido el máximo castigo son aquellos que han renunciado
voluntariamente a nuevas apelaciones. El gobernador espera que su
decisión «traiga potenciales reformas antes de la sesión legislativa de
2013», y ha animado a todos los ciudadanos a «involucrarse en el muy
necesitado debate que este importante tema merece». (FUENTE: ELCORREO.com).
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