La Fiscalía Anticorrupción de Baleares afirma que el
duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su socio Diego Torres montaron un
"entramado societario" para "apoderarse" de fondos públicos y privados
que recibía el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que
presidieron ambos.
Así consta en el escrito de diligencias dictado por el
juez del caso Palma Arena, José Castro, para autorizar los registros
llevados a cabo esta semana por el fiscal Anticorrupción de Baleares
Pedro Horrach en empresas de Barcelona de este supuesto entramado. La
operación se ha saldado ya con el registro de varias de estas sociedades
y también de la vivienda de Torres, a quien el fiscal tomó declaración
anoche.
Fuentes de la investigación han explicado que el juez
deberá ahora examinar toda la documentación para estudiar la posible
citación como imputado de Urdangarín en el juzgado de Palma. Según
refleja el juez en su auto, Anticorrupción investiga al duque de Palma y
a Torres por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación,
fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en dos
convenios suscritos en 2005 y 2006 entre el Govern balear, presidido
entonces por Jaume Matas (PP), y el Instituto Nóos por 2,3 millones.
Relata que Urdangarín entró en 2003 como administrador de
esta entidad sin ánimo de lucro y al año siguiente ostentó el cargo de
presidente, momento en que era gerente Torres, quien pasó a dirigirla
cuando el duque de Palma dejó su presidencia en 2006.
"La única finalidad perseguida con la asunción o toma de
control del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación
que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG
dedicada a proyectos sociales)", afirma el fiscal. Añade que de esta
manera conseguían varios objetivos: aparentar que no querían lucrarse,
rodearse "del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas"
de la asociación y "evitar suspicacias por parte de terceros al
financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos".
"Precios desproporcionados"
Simultáneamente, afirma Anticorrupción, organizaron un
"entramado societario" para desviar los fondos públicos y privados que
recibían del Instituto Nóos y "apoderarse" de ellos. "La operativa
consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios
totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba", narra el
fiscal, que añade que luego la Administración "simulaba" la contratación
de "servicios ficticios" o inflados, de manera que los fondos públicos
acababan "en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki
Urdangarín".
Estas empresas, registradas esta semana en Barcelona en
el marco de la operación, son la inmobiliaria Aizoon (propiedad de
Urdangarín), así como Nóos Consultoría, el bufete Tejeiro, Virtual
Estrategies, Intuit, Shiriaimasu y De Goes Center for Stakeholder
Management, estas últimas vinculadas a Torres y familiares suyos y que,
en muchos casos, comparten sede social.
Este supuesto proceso de desvío de fondos públicos se
produjo, según Anticorrupción, en el caso de dos convenios por valor de
2,3 millones de euros suscritos entre el Govern balear y Nóos en 2005 y
2006 para organizar dos congresos de turismo y deporte.
En el caso del primero, por 1,2 millones, el fiscal
afirma que Urdangarín y Torres "se concertaron" con el expresidente
Matas y el ex director general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester
para "beneficiar de forma fraudulenta" al instituto usando un
procedimiento administrativo irregular y fijando un precio "totalmente
desproporcionado".
El contenido del segundo convenio, añade, es
"prácticamente idéntico" y su cantidad, 1,1 millones, se estipuló sin
responder a la realidad y se justificó con facturas que, en muchos
casos, "responden a conceptos ajenos a los eventos contratados".
En el auto, el juez dispone los registros llevados a cabo
en esta operación y manda analizar todas las operaciones de estas
empresas con Torres y Urdangarín, así como con varios políticos
baleares: el expresidente Jaume Matas; el que fuera conseller balear de
Turismo con este último en la legislatura 2003-2007, Joan Flaquer; la
consellera de Presidencia y Deportes en ese periodo, Rosa Puig, y el ex
director general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester.
También manda que se examinen las operaciones que guardan
relación con varios familiares de Torres supuestamente implicados en el
entramado empresarial, como son Ana María Tejeiro (esposa de Torres), y
Marcos y Miguel Tejeiro (hermanos de Ana María).
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