Alrededor de 3.000 personas, un 4,2% de los más de 73.000
reclusos que hay en España, padece una enfermedad mental grave, más de
la mitad son hombres de entre 30 y 50 años y la mayoría, ocho de cada
diez, no estaba controlado ni seguía un tratamiento antes de delinquir e
ingresar en prisión.
Es el retrato, a grandes rasgos, de la salud mental en
las prisiones que dibuja el subdirector de Coordinación de Sanidad
Penitenciaria, José Manuel Arroyo, con motivo de la celebración en
Madrid de un semanario en el que han participado expertos del ámbito
judicial, sanitario y de instituciones penitenciarias.
El 25% de la población reclusa tiene diagnosticado algún
transtorno mental. En la mitad de estos casos se trata de una depresión
reactiva que puede ser pasajera y otro tanto está relacionado con el
consumo de drogas o alcohol. Además, cuatro de cada cien padece una
enfermedad mental de carácter grave, es decir, sufre una psicosis
esquizofrénica o paranoide, o algún transtorno bipolar. La mitad de
estos reclusos ha tenido contacto con la justicia por delitos menores
que finalmente le llevan a prisión, y un 56% también ha ingresado
previamente en algún hospital por problemas psiquiátricos.
"El problema surge cuando abandonan el hospital, vuelven a
su entorno, no siguen un tratamiento ambulatorio y, tiempo después,
protagonizan una agresión, ocurre en un 85% de los casos, o cometen un
delito más grave como un homicidio", explica Arroyo.
Avance en asistencia sanitaria
Todos los centros penitenciarios cuentan desde hace dos
años con el programa de atención integral al enfermo mental que pone a
disposición del recluso todos los recursos asistenciales para su
tratamiento o para la detección de nuevos casos, ya que hay internos que
desarrollan alguna patología mental ya en la prisión. Y aunque una
cárcel "no es el mejor lugar para tratar a un enfermo", Arroyo destaca
el avance de la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios en
los últimos años y que ha logrado que España, subraya, "esté por encima
de la media europea en cuanto a la detección, tratamiento y control de
estos trastornos".
"Ningún enfermo mental debe estar en una cárcel porque,
además de no ser considerado responsable del delito cometido, es
imposible que esa persona logre una recuperación total de su enfermedad,
pues en muchos casos estas personas están alejadas de sus familias",
explica Araceli Carrillo, una de las socias fundadoras de la asociación
de familiares del hospital penitenciario de Alicante.
El 80% de estos pacientes estabilizan sus conductas en
los hospitales penitenciarios y un 98% agota el tiempo estipulado por el
juez como medida de seguridad de privación de libertad, a pesar de que
tres de cada diez podrían estar fuera del centro. "Esto es lo
verdaderamente injusto", destaca el subdirector de sanidad
penitenciaria, que opina que es en este punto donde las comunidades
autónomas y los recursos sanitarios deberían prestar su apoyo, una
reclamación que comparte Carrillo, que considera que la red sanitaria
rehuye a estos enfermos porque en su expediente figura que han cometido
un delito. (FUENTE: EL CORREO.com)
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