El exdirector de la principal sucursal
bancaria de la Caja de Ingenieros de Barcelona Jordi B., para quien el
fiscal pide seis años de cárcel, ha admitido hoy que entre 1999 y 2002
estafó más de cinco millones de euros a "clientes VIP", la mayoría
personas de avanzada edad que confiaban ciegamente en él.
En la sección décima de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado hoy
el juicio contra Jordi B., acusado de estafar a clientes suyos, la
mayoría de avanzada edad y con una salud precaria, falsificando su firma
en cheques o engatusándoles con productos financieros de riesgo
dándoles a entender que su capital estaba garantizado.
El acusado, que desde justo después de los hechos sufre esquizofrenia
residual y un trastorno amnésico que le provoca lagunas en la memoria,
se ha limitado, casi balbuceando, a admitir con unos "sí" apenas
audibles en la sala, debido a su depauperado estado, que cometió los
delitos de los que le acusa el fiscal.
Por contra, nada más iniciarse el juicio el tribunal ha absuelto "in
voce" a otro de los acusados, el entonces director general de la Caja de
Ingenieros Hilario L., porque el fiscal ha retirado la acusación por
extorsión porque la anciana que lo denunció por presionarle para que
firmara un acuerdo para que no llevara el caso a la policía dio marcha
atrás y además ya ha fallecido.
Antes de que se interrogara al principal acusado, en la sala ha
comparecido una médico forense, a instancias del tribunal, que ha
confirmado que el exdirector de la oficina bancaria estaba capacitado
para declarar, pese al cuadro de esquizofrenia residual y de lagunas de
la memoria que sufre desde el año 2002.
Con un tono de voz apenas audible, el acusado ha confesado a
preguntas del fiscal que aceptaba como ciertas "unas partes sí y otras
no" del escrito de acusación pública, aunque ha sido incapaz de hacer
más concreciones.
A instancias del fiscal, el tribunal ha interrumpido el
interrogatorio para que el acusado pudiera hablar con sus abogados y, al
reiniciarse el juicio pocos minutos después, Jordi B. se ha limitado a
balbucear un "sí" a las preguntas de si reconocía todos los hechos de
los que le acusa el ministerio público.
En su escrito, el fiscal acusa a Jordi B. de aprovecharse de la
confianza que tenían depositado en él un total de siete clientes, la
mayoría de ellos ancianos con salud precaria, a los que estafó con más
de 5 millones y medios de euros.
De estos siete clientes estafados, tres ejercen la acusación
particular, representados uno de ellos por el abogado barcelonés Mario
Pascual Vives.
Para cometer la estafa, el acusado se valió de distintos métodos, ya
que falsificó la firma de sus clientes en cheques de ventanilla, les
hizo firmar cheques que luego rellenó y les apremió a contratar
productos financieros y fondos de inversión en condiciones fuera de
mercado, en operaciones de alto riesgo financiero, aportando unos
documentos en los que falsamente les garantizaba su inversión.
A la hora de estafar a los clientes, el acusado se benefició de que
entre 1999 y 2000 no se llevó a cabo ninguna auditoría interna en la
oficina, por lo que pudo actuar con total impunidad, según el fiscal.
En el juicio, el fiscal también pide un año y medio de cárcel para la
entonces prometida y secretaria de Jordi B., Mireia L., que según el
ministerio público custodió y preparó documentos y ocasionalmente visitó
a algunos de los perjudicaos para que firmaran contratos con los que se
llevó a cabo la estafa.
Mireia L., que se ha escudado en que sólo trabajaba como secretaria y
no estaba al corriente de las actuaciones financieras que se llevaban a
cabo en la entidad, ha reconocido que era la prometida de Jordi B. y
que él le abrió a su nombre una cuenta en Montecarlo con 84.000 euros en
mayo de 2002, con la que tenían previsto pagar la entrada de su piso y
los gastos de la boda.
La exprometida de Jordi B. ha señalado que éste le había explicado
que a sus "clientes VIP" les ofrecía productos fuera de mercado, aunque
nunca le reconoció que se apropiara de su dinero.
En cualquier caso, ha corroborado que estos "clientes VIP", que
gozaban de un trato preferente, tenían una relación de confianza con su
exprometido.
También ha comparecido como acusada Elisabet Cristina V., que entre
junio de 1999 y enero de 2000 estuvo casada con Jordi B., quien según el
fiscal le transfirió 108.000 euros a una cuenta de su madre en
Argentina, le proporcionó 402.000 euros para que se comprara un piso y
le abrió una cuenta con 324.000 euros en Andorra.
Elisabet Cristina V., para quien el fiscal pide dos años de cárcel
por alzamiento de bienes, ha negado que Jordi B. le diera tanto dinero
-sólo ha reconocido que hizo las transferencias a Argentina para su
madre- y ha justificado que tuviera estas cantidades de dinero gracias a
que anteriormente había mantenido "relaciones sentimentales" que la
habían favorecido económicamente. (FUENTE: EFE).
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