El asesino de Asier Lavandera tenía que estar preso cuando cometió el crimen.

Los padres de Asier Lavandera, el joven donostiarra que hace dos años murió acuchillado a la salida de una discoteca en Lekunberri, tenían razón cuando afirmaron que el autor material del crimen tenía que estar en la cárcel en la fecha en la que cometió el delito. El Consejo General del Poder Judicial ha admitido que existió una demora «innecesaria» y un funcionamiento «anómalo» de la Justicia, de tal forma que apoya la propuesta de reclamación que solicitan los progenitores.

El presunto autor material del crimen, Sergio Fernando Ramos de Sousa, tenía dos penas de cárcel previas a que matara a Asier Lavandera, una de las cuales se hallaba en fase de ejecución.

El acusado, de 21 años, fue condenado el 17 junio de 2008 a cuatro meses y quince días de prisión por un delito de lesiones. Dado que entonces el inculpado carecía de antecedentes, el fallo quedó en suspenso a condición de que en los dos siguientes años no delinquiera. No obstante, el acusado volvió a ser condenado en septiembre de 2009 a dos años de prisión por robo con intimidación. El juez, sin embargo, lo dejó en libertad.

De esta forma, el 16 de enero del año siguiente, el acusado permanecía libre y dio muerte a Asier Lavandera.

Después de que la familia tuviera conocimiento de esta circunstancia, la letrada Rosario Cañete, que representa a Manuel Lavandera y Edurne de la Granja, padres de Asier, interpusieron una reclamación ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Sin embargo, el alto órgano judicial navarro archivó las diligencias, tras estimar que no hubo error judicial. Sustentó esta decisión en que el ingreso en prisión no se produce de forma automática, sino que requiere una serie de trámites y que el plazo para reanudar la ejecución de la pena fue en modo alguno excesivo.

El Consejo General de Poder Judicial, no obstante, no comparte este criterio. El órgano de gobierno de los jueces sostiene que la demora de cuatro meses fue innecesaria. En su informe pone de manifiesto que las dos sentencias fueron dictadas por el mismo juzgado y que la ejecución de la segunda tardó más de cuatro meses aun cuando sabía que había delinquido durante el periodo de suspensión de la condena.

Por ello, el Consejo admite que se produjo un mal funcionamiento de la Justicia y estima que la familia debe ser indemnizada. En este sentido, la letrada de la familia ha reclamado una cantidad de 300.000 euros. (FUENTE. DIARIO VASCO).