La Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Agencia de
la Hacienda Foral de Navarra han desarticulado dos organizaciones
criminales que han defraudado 120 millones de euros en el sector de los
hidrocarburos en una operación que ha supuesto la detención de treinta
personas en quince provincias españolas.
Los dos grupos se dedicaban a comprar grandes cantidades
de gasóleo y gasolina eludiendo el pago del IVA, lo que les permitía
vender posteriormente estos productos a precios sin competencia, según
una nota de la Guardia Civil. El entramado utilizado por las redes
desmanteladas contaba con sociedades en Alemania, Reino Unido, Pakistán,
Bélgica, Portugal, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Panamá y España. El
volumen de negocio detectado en las cuentas bancarias vinculadas a estas
organizaciones criminales supera los mil millones de euros.
En el marco de la operación, denominada 'Bashnya', que
comenzó en febrero del año pasado y se desarrolló en España, Portugal y
Suiza, han sido arrestadas treinta personas por los presuntos delitos de
blanqueo de capitales, organización criminal, contra la libre
competencia, contra la hacienda pública y falsedad documental. Además,
se han realizado veintitrés registros en domicilios y empresas de la
red, en los que se han recuperado bienes por valor de más de 55 millones
de euros. Hasta la fecha, se han intervenido 79 vehículos de alta gama,
209 inmuebles, 20 millones de euros en varias cuentas bancarias y 3,5
millones de litros de carburantes.
Las investigaciones de la AgenciaTributaria comenzaron en
los servicios de Inspección de las Delegaciones Especiales de la
Agencia en Cataluña y Madrid. La Oficina Nacional de Investigación del
Fraude (ONIF) coordinó las actuaciones que permitieron descubrir la
existencia de dos tramas organizadas para defraudar el IVA en la
distribución de gasolinas y gasóleos. Las dos organizaciones han operado
durante cuatro años en el sector de los hidrocarburos (gasolinas y
gasóleos) en Cataluña, el centro de la península y Galicia.
Para dar una apariencia de legalidad y obtener el permiso
para operar en el mercado español, las organizaciones se presentaban
ante la Administración de la mano de personas de reconocido prestigio en
el sector y realizaban importantes inversiones económicas. Los
integrantes de estas redes intentaban controlar las gasolineras
vendiendo a precios sin competencia los hidrocarburos que
comercializaban y creaban paralelamente "brokers" (intermediarios)
internacionales para su adquisición. Esto les permitía controlar la
entrada de hidrocarburos en el territorio nacional, su distribución y
posterior venta al por menor.
La organización eludía el pago del IVA, aportando
declaraciones falsas ante la Hacienda Pública, con lo que se ahorraban
grandes cantidades de dinero, lo que posteriormente les permitía vender
sus productos a precios muy bajos y sin competencia. Parte de los
beneficios que obtenían se invertían en estructuras empresariales
legales, de modo que podían aumentar su influencia en los mercados y
expandir su actividad criminal.
Las investigaciones, dirigidas por el Juzgado Central de
Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, se han llevado a cabo
conjuntamente por especialistas en investigación económica de la Guardia
Civil y funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y la Agencia de la Hacienda Foral de Navarra.
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