La Guardia Civil ha detenido a un total de 34 personas,
25 de ellas en Bizkaia, y ha imputado a otras 10, dos en Euskadi, en una
operación que ha permitido esclarecer más de 200 delitos contra el
patrimonio y falsedad documental, especialmente en el norte de España.
La operación 'Palillo' dirigida por el Juzgado de Villarcayo (Burgos),
se inició a raíz de la investigación de dos robos con fuerza en empresas
del sector metalúrgico cometidos en esa provincia. Después de más de un
año de investigaciones, se detectó la existencia de un grupo delictivo
perfectamente organizado y compuesto en su mayoría por ciudadanos del
Este que actuaba en el País Vasco y Cantabria.
En total se han practicado 34 detenciones en Cantabria y
el País Vasco, 5 de nacionalidad española, 2 de Bolivia y 27 de Rumanía,
así como 10 imputaciones. En Euskadi los agentes han arrestado a 25
personas, todas ellas en Bizkaia, en concreto 5 en Bilbao, 12 en
Barakaldo, 5 en el Valle de Trapaga y 2 en Santurtzi. Además se han
imputado a otras 2 personas en Trapagaran.
El entramado delictivo se diversificaba en diferentes
ramas. Una de ellas se dedicaba a las falsificaciones 'por encargo' que
confeccionaba documentos, desde una nómina para aparentar solvencia en
el alquiler de un piso hasta crear una nueva identidad 'limpia' para una
persona con antecedentes policiales. En total se calculan unos 800
casos de actividades con documentaciones falsas.
En varios casos utilizaron estas documentaciones falsas
para alquilar vehículos y maquinaria pesada que no entregaban tras
finalizar el contrato y que enviaban a países del Este de Europa. La
Guardia Civil ha podido recuperar seis de estos vehículos. El cabecilla
de esta rama de la organización fue detenido en el barrio San Francisco
de Bilbao.
Además este grupo estaba relacionado una chatarrería
ubicada en el Trapagaran que se encargaba de vender el material robado.
Cinco personas han sido detenidas y dos imputadas. Uno de los detenidos
es el vigilante de seguridad del polígono industrial. Se encargaba de
proporcionar información y facilitar la comisión de los robos de las
empresas que vigilaba, desconectando alarmas y permitiendo el acceso.
Otra de las ramas del entramado se dedicaba a adquirir
tarjetas de telefonía con las que solicitaban la portabilidad o el alta
de línea de Internet mediante identidades falsas. De este modo
conseguían teléfonos de alta gama y ordenadores portátiles. También
solicitaban préstamos a entidades de crédito que nunca devolvían.
Durante la investigación se ha colaborado en el
intercambio de información con el Cuerpo Nacional de Policía, Ertzaintza
y policías locales de Bilbao y Amurrio, Hacienda Foral de Bizkaia y
Europol e Interpol para gestiones policiales con Austria, Hungría,
Rumanía y Corea del Sur. (FUENTE: EL CORREO).
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