Una prueba pericial caligráfica ha exculpado al agente de la Guardia
Civil de Tráfico de Calatayud Ricardo H. I., imputado como presunto
autor de la manipulación de documentos que hizo que una multa por exceso
de velocidad que debía haber recaído en el presidente del PAR de
Zaragoza y vicepresidente de la Diputación Provincial, José Antonio
Sanmiguel, terminara recayendo en una joven residente en Valencia que
hace unos años había trabajado como chica de alterne en el bilbilitano
club nocturno Venus.
El agente, suspendido de servicio tras haber sido detenido el pasado
mes de octubre por su presunta colaboración con un grupo de
narcotraficantes, está encartado en el Juzgado número 2 de Calatayud
como presunto autor de un delito de falsedad documental por el asunto de
las multas, en el que también están imputados dos empresarios
bilbilitanos, además del dirigente aragonesista. Sobre los tres últimos
pesa un cargo de usurpación del estado civil, castigado con penas de
seis meses a tres años de prisión.
Sanmiguel y los dos empresarios fueron castigados a lo
largo del 2007 con sendas denuncias por exceso de circulación que
conllevaban, además de una sanción económica, la pérdida de varios
puntos del carnet de conducir. Esas sanciones terminaron recayendo en la
mujer rumana después de que cada uno de los expedientes recibiera un
informe que aseguraba que era ella quien conducía los vehículos.
En el caso de Sanmiguel, la infracción, cometida en julio del 2007,
consistió en circular a 83 por hora en una zona con límite de 60, por la
que le cayó una sanción de 140 euros.
La causa da un giro tras la emisión del informe caligráfico, en el
que los especialistas de la Policía Científica concluyen que no fue
Ricardo H. I. quien elaboró los papeles que hicieron que las
sanciones recayeran en la joven. Es decir, que no fue el guardia civil
quien falseó pruebas para exculpar al político y los empresarios.
Ricardo H. I. siempre había negado en sus declaraciones que hubiera
cogido los boletines de denuncia, versión que contradice las
manifestaciones de otros imputados. Sanmiguel, funcionario de Hacienda
en excedencia y que lleva más de una década en política, había afirmado
que fue el guardia civil quien se le había ofrecido para formalizar un
recurso contra la denuncia tras coincidir ambos --se conocen desde la
infancia-- en un bar. Uno de los empresarios, por su parte, declaró que
le entregó su boletín de denuncia a un empleado de nacionalidad rumana
después de que este le dijera que conocía a un compatriota que tenía mano para las multas.
Ese supuesto mediador es Nicolae D., que explotaba la whiskeria de
Terrer hasta su detención con la banda de traficantes a la que está
vinculado Ricardo H. I. Esa línea de investigación pierde consistencia
tras el informe caligráfico. (FUENTE: EL PERIÓDICO DE ARAGÓN).
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