La Policía Nacional ha puesto fin a una red delictiva que
operaba como una verdadera agencia de regularización de inmigrantes en
la provincia de Alicante. Para conseguirlo, los cabecillas del entramado amañaban
matrimonios entre ciudadanos españoles y extranjeros y contaban con la
presunta complicidad del juzgado de paz de Aspe, donde, según se
desprende de la investigación, se llegaba a dar el visto bueno a enlaces
en los que ni siquiera estaba presente uno de los dos contrayentes.
La actuación policial se ha completado con la detención de
66 personas en Elche, Alicante, Aspe y Benidorm, 43 hombres y 23
mujeres, y el desmantelamiento de una organización de bodas de
conveniencia y también de blanqueo de capitales. Entre los arrestados
figura la propia juez de Paz de Aspe y cuatro empleados de Correos
adscritos a una oficina de Elche, según ha podido confirmar este diario. El grupo falsificaba todo tipo de documentos, desde DNI a
pasaportes y permisos de conducir expedidos por centro oficiales, según
informó ayer la Comisaría Provincial de Alicante. Parte de las ganancias
conseguidas eran enviadas a Colombia, país de origen de buena parte de
los implicados en los hechos descritos, en cantidades inferiores a los
3.000 euros para evitar que el dinero fuese rastreado. En este proceder
supuestamente habrían gozado de la complicidad de los cuatro miembros
del personal de Correos, según indican las pesquisas.
La investigación, abierta por delitos de favorecimiento de
la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal,
falsificación, usurpación de estado civil y blanqueo, se inició en Aspe
hace aproximadamente un año, tras detectarse la existencia de varios
matrimonios de conveniencia. Una vez identificados los presuntos líderes
de la red y las personas que, al parecer, se habían beneficiado de su
actividad, la Policía Nacional lanzó la operación en noviembre del
pasado año.
Los arrestados desde entonces hasta la fecha han sido 66
hombres y mujeres de entre 21 y 68 años de edad, entre los que se
encuentran 55 personas españolas, nueve colombianas, una ecuatoriana y
una dominicana, según ha trascendido. Detrás de las bodas ilegales fue
descubierto un grupo delictivo, afincado en Elche en su mayor parte, que
se lucraba con la regularización de inmigrantes por medio de
matrimonios fraudulentos y que ofrecía sus servicios en Alicante y
también en otras provincias.
Casados sin asistir a la boda
El juzgado de Paz de Aspe actuaba en presunta connivencia
con la red. Al menos, la Policía Nacional ha constatado que allí se
formalizaban los enlaces, sin que en cuatro de ellos ni siquiera
estuviese presente uno de los contrayentes, el de nacionalidad
extranjera. En otros cuatro casos el ciudadano foráneo había entrado en
el país con visados presuntamente ilegales de corta duración o
destinados a turistas, según exponen fuentes cercanas al caso.
Los integrantes de la organización tenían sus funciones
perfectamente estructuradas. Unos se ocupaban de pagar a ciudadanos
españoles, a cambio de que obtuviesen duplicados del DNI, pasaporte y
permisos de conducir, para lo que entregaban la fotografía de personas
sudamericanas. Cada semana otros implicados recurrían a terceros para
realizar envíos de dinero a colombia, según las mismas fuentes.
El grupo delictivo prestaba cobertura absoluta a su
'clientela', hasta el punto de proporcionarles el permiso de residencia
familiar comunitario. Para ello llevaban a cabo empadronamientos
fraudulentos y contactaban previamente con quienes harían de testigos en
las bodas. Si se topaban con la dificultad de que había que justificar
cierto tiempo de estancia en España, lo resolvían con determinación.
Bastaba con recurrir a la falsificación de documentos. Por citar un
ejemplo, los agentes han cotejado la expedición ilícita de media docena
de carnés de conducir que pasaron los filtros de la Jefatura Provincial
de Alicante, de acuerdo con los datos recopilados por este diario.
Al menos una docena de casamientos son ilegales o
consumados con documentación falsificada, si bien las investigaciones
continúan abiertas, por si éstas permitiesen detectar más
irregularidades. La operación ha sido completada por agentes de la
Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de la
Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante, la Unidad de
Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Elche y la Brigada Local
de Extranjería y Fronteras de la comisaría ilicitana. Además de las 66
detenciones, los agentes efectuaron dos registros domiciliarios en
Elche, en los que confiscaron abundante documentación de ciudadanos
colombianos, solicitudes de permisos de residencia y canje de licencias
de conducción, certificados de empadronamiento en el municipio de Aspe y
justificantes de envíos monetarios a Colombia.
Los funcionarios policiales requisaron seis teléfonos
móviles y un número indeterminado de documentos nacionales de identidad
españoles, junto a numerosas fotografías tamaño carné. (FUENTE: LAVERDAD).
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