
Aneri es de momento el principal sospechoso de una trama de falsificación de cursos de formación
que supuestamente ha hecho desaparecer 4,3 millones de euros de fondos
procedentes de la Comunidad de Madrid. La policía investiga otros 6,6
millones de ayudas procedentes del Estado. La red de empresas de Aneri
falsificaba y duplicaba las identidades de sus alumnos, según apuntan
las investigaciones. EL PAÍS ha tenido acceso a una decena de documentos
que obraban en poder de la principal empresa de la trama de Aneri,
Sinergia Empresarial Avanzada, SL. En ellos distintas asociaciones
solicitan supuestamente a la Fundación Tripartita (el organismo del
Ministerio de Empleo responsable de gestionar y vigilar las ayudas)
altas y bajas para trabajar con Sinergia. Fuentes de la investigación
señalan que una de las formas de proceder de las empresas de Aneri era
un sistema utilizado en otros casos de corrupción: el troceo de los contratos.
La ley permite a las empresas otorgar contratos sin presentar ofertas
distintas cuando la cuantía no supere 60.000 euros o el 20% de la
subvención. Y eso es justo lo que recogen explícitamente los expedientes
con las supuestas firmas falsificadas de las asociaciones a los que ha
tenido acceso este diario.
Dos de estas asociaciones (Ucotrans y Asemcom) han confirmado a este
periódico que las rúbricas que aparecen sobre el nombre escrito de sus
gerentes no son las auténticas. Hay una treintena de asociaciones
implicadas que han empezado a organizarse
para acudir a los tribunales. Ucotrans, que recibió tanto fondos
estatales como regionales, ha presentado una denuncia penal. Lo confirma
su gerente, Juan José Gil, uno de los que no reconoce su firma en los
documentos.
La mayoría de las asociaciones están integradas en la patronal
madrileña CEIM, que preside Arturo Fernández. Una decena de las
afectadas se reunieron ayer en la plataforma que han creado para
presentar una denuncia conjunta y a la que se siguen adhiriendo
afectadas. Un portavoz explica que están recabando información de las
Administraciones sobre los expedientes de Aneri y que han puesto ya en
manos de sus gabinetes jurídicos la supuesta falsificación de firmas.
Fuentes cercanas a Aneri han evitado hacer comentarios respecto a
este último hallazgo de la investigación. Su única versión, hasta la
fecha, es una carta dirigida a este periódico a mediados de diciembre en
la que niega ser un estafador ni haber gestionado las subvenciones. El
empresario defiende que solo facturó a las asociaciones por los cursos
que le encargaban. Es el único sospechoso hasta la fecha en las
investigaciones de la Comunidad y la policía, aunque fuentes de la
investigación han indicado, sin embargo, que no pudo actuar solo y que
las asociaciones recibían mordidas para que todo el engranaje
funcionara.
La primera pista oficial del supuesto fraude se destapó en febrero
cuando Alfonso Tezanos, presidente de las asociaciones Cecoma y Fedecam y
miembro de la ejecutiva de CEIM, avisó a cargos de la Subdirección de
Formación Continua sobre el modus operandi de Aneri, al que él mismo
había recomendado a las asociaciones. Ni la Comunidad intervino ni
Tezanos alertó a las asociaciones, según declararon algunas de ellas.
Durante los meses posteriores, la red siguió funcionando sin
sobresaltos, hasta que las notificaciones sin respuesta comenzaron a
acumularse en el despacho de Aneri.
En lugar de denuncias, hubo premios. Sinergia Empresarial Avanzada
recibió en noviembre la etiqueta de Madrid Excelente, un distintivo de
la Comunidad de Madrid que avalaba su calidad frente a sus clientes. (FUENTE: EL PAÍS).
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