En California la pena de muerte es más cara que la cadena perpetua.

No inmoral, cara. En California, los grupos de activistas que pretenden que el próximo martes día 6 los votantes de ese Estado rechacen la pena de muerte en referéndum están basando sus campañas no en términos morales sino económicos. Si en lugar de condenar a los presos a la máxima pena se les senteciará a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, las arcas estatales ahorrarían cada año más de 130 millones de dólares, según informa el organismo asesor independiente Legislative Analyst´s Office. Otro estudio, este del año 2011 del Noveno Circuito de Apelaciones, asegura que la pena de muerte ha supuesto a California un total de cuatro mil millones de dólares desde que se reinstauró a nivel nacional en 1976.

Contrariamente a lo que consideran muchos defensores de la pena capital, el método es caro e ineficiente. Los condenados a muerte en California esperan una media de cinco años antes de que se les asigne abogado para poder recurrir su sentencia ante el Tribunal Supremo del Estado y luego otros 12 para que otro abogado maneje la petición formal para que un juzgado federal examine la legalidad del caso del condenado. En definitiva, el Tribunal Supremo de California emplea una tercera parte de su tiempo en gestionar recursos de penas de muerte, según Jeanne Woodford, una de las principales defensoras de la Proposición 34 y antigua alcaide de la prisión de San Quentin, donde supervisó cuatro ejecuciones. 

La opinión pública sobre la pena de muerte ha ido cambiando desde que volvió a los códigos penales a mediados de los setenta. En los últimos 10 años, cinco Estados la han abolido de sus ordenamientos, lo que eleva a 17 el número de Estados que no la practican -más el Distrito de Columbia- frente a 33 que sí -más el Gobierno y el Ejército de EEUU-. Los sondeos sobre la Proposición 34 en California -abolición de la pena de muerte- dicen que un 42% de los votantes que el martes acudirán a las urnas apoyarán la medida frente a un 45% que la rechazará, lo que supone una disminución de este último grupo respecto a la última encuesta que arrojaba una cifra del 51%. El resto se definen indecisos.

California tiene 724 personas -19 de ellas mujeres- esperando su cita con el verdugo en el corredor de la muerte -es el Estado con mayor número de condenados a la máxima pena, seguido por Florida con 407 y Tejas con 308-. En los últimos seis años no se ha ejecutado a una sola de ellas, después de la polémica sobre el uso de la inyección letal y el sufrimiento que inflingía a los reos. Desde 1976, sólo se ha acabado con la vida de 13 personas, según datos del DPIC (Centro de Información sobre la Pena de Muerte, siglas en inglés). Más de 1.300 personas han sufrido homicidios legales a manos del Estado desde 1976.

Cuarenta y cuatro prisioneros del corredor de la muerte de California llevan más de tres décadas esperando su cita con la muerte impuesta por el Estado. Douglas Stankewitz es el más veterano. Hoy tiene 54 años y llegó a San Quentin con 20. Stankewitz ha tenido 12 abogados a lo largo de 34 años y registros de los juzgados muestran más de 600 apelaciones o mociones sólo desde 1991 -fue condenado en 1978-. "La pena de muerte es una broma", declaró el preso a la agencia Reuters que logró entrevistarle la semana pasada en San Quentin. "No pueden matarme porque el sistema no funciona". 

Las proyecciones dicen que para el año 2050, California habrá mandado otros siete centenares de presos al corredor de la muerte y que más de 500 habrán muerto de viejos o de causas naturales antes de que puedan ser ejecutados. Desde el año 1978, 21 reos se han quitado la vida mientras esperaban la muerte y 57 han muerto de causas naturales. Trece han agotado todas sus posibles apelaciones y ya sólo les queda la muerte.

Los partidarios de la Proposición 34 y el fin de la pena de muerte en California alegan que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo fianza supondría un coste anual de poco menos de 12 millones de dólares, nada comparado con los actuales más de 130 -algunas fuentes los elevan a 144- y un argumento convincente en época de crisis presupuetarias. Cifras oficiales del Departamento de Prisiones de California sitúan en 55.000 dólares el coste anual por preso, sin distinguir entre crímenes o sentencias. 

Los detractores -entre los que se encuentran tres antiguos Gobernadores- dicen que mantener la pena de muerte vigente no tiene nada que ver con la economía sino con hacer justicia. El ex Gobernador Gray Davis considera que hay que estar con "los familiares de unas víctimas que sufrieron un dolor inmenso a manos de violentos criminales".  Para la inmensa mayoría de estos familiares, la muerte del culpable que les arrebató un ser querido supone poder pasar página. Y sin embargo hay quien a pesar de haber estado a favor ahora está en contra. Dion Wilson deseó con fervor que el asesino de su esposo fuera condenado a la máxima pena. Cuando esto sucedió, "no funcionó". "No cambió nada, no me sentí mejor", asegura la señora Wilson. (FUENTE: EL PAÍS).