Los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos
(RGI) tienen la obligación legal de estar localizables para atender
posibles ofertas de empleo o formación. Pese a ello, 7.006 perceptores
de esta ayuda social permanecen desaparecidos para Lanbide, el organismo
del Gobierno vasco que acaba de asumir su gestión.
Esa cifra supone
casi el 13% de las 56.000 personas que reciben la prestación, cuya
cuantía oscila entre los 650 y los 923 euros mensuales en función de que
el destinatario tenga o no personas a su cargo. Si siguen sin dar
señales de vida, los ciudadanos a los que la Administración no encuentre
en el domicilio que han facilitado podrían dejar de recibir esa
cantidad a partir del mes que viene por estar en una situación
supuestamente fraudulenta.
Este dato, al que ha tenido acceso EL CORREO, desborda
todas las previsiones del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). Hace dos
semanas, cuando divulgaron las primeras cifras sobre esta presunta bolsa
de fraude, apuntaba, ya con sorpresa, que se elevaría a 4.000
perceptores. Al final, el número casi se ha doblado.
El hallazgo de las posibles irregularidades se ha
producido de una manera singular. Cuando Lanbide se hizo cargo de la
renta de garantía de ingresos envió por correo certificado una carta a
cada uno de los perceptores para informarles de la nueva situación; no
solo de que el Gobierno vasco tomaba las riendas de una gestión que
hasta entonces había correspondido a diputaciones y ayuntamientos, sino
de que a partir del pasado diciembre la percepción de la ayuda pasaba a
estar vinculada a la búsqueda activa de trabajo. De hecho, esta es una
de las principales apuestas del Departamento de Empleo y Asuntos
Sociales para evitar que ciertas personas se cronifiquen en las
prestaciones sociales perdiendo interés por reincorporarse al mercado
laboral.
Segunda remesa
El problema es que, de esas 56.000 misivas enviadas por
correo certificado, Lanbide recibió devueltas las 7.006 mencionadas. El
motivo era que el destinatario no residía en la dirección que le consta
al Servicio Vasco de Empleo. Según explicó el viceconsejero de
Planificación y Empleo, Javier Ruiz, el procedimiento utilizado para
contactar con los perceptores de RGI fue el habitual en estos casos: un
funcionario de Correos acude al domicilio de turno para entregar la
carta certificada y si no da con el destinatario o no consta que viva
allí, deja una comunicación para que pase por la oficina postal a
recoger la misiva en un plazo de siete días. De no hacerlo en este
periodo de tiempo, la carta se envía de vuelta a Lanbide.
Ahora, el Servicio Vasco de Empleo ya ha comenzado a
remitir una segunda remesa de cartas certificadas a esos 7.000
beneficiarios desaparecidos. Esta vez, la comunicación les advierte de
que deben ponerse en contacto con Lanbide bajo pena de perder la RGI.
En caso de que por segunda vez regresen devueltas, se
pasará a citar a los afectados a través del Boletín Oficial del País
Vasco (BOPV), trámite puramente formal porque su lectura diaria es más
que infrecuente entre la inmensa mayoría de los ciudadanos. En esta
publicación se dará una fecha en la que los perceptores deben personarse
ante las oficinas del Gobierno vasco. De no hacerlo, se pasará a
decretar la suspensión cautelar de la prestación. Fuentes conocedoras
del proceso aseguran que un buen número de beneficiarios, de seguir
ilocalizables, dejarán de cobrar la RGI el mes que viene.
Desde el departamento que dirige la consejera Gemma
Zabaleta son muy cautos a la hora de calificar esta situación como
fraude mientras no se confirme, una vez agotados todos los trámites
legales, que los perceptores están desaparecidos. Lo que sí está claro,
aseguran las mismas fuentes, es que existen irregularidades en la medida
en la que no hay manera de contactar con personas obligadas a estar
localizables.
Maneras de contactar
Se plantea una cuestión, ¿por qué Lanbide no acude a
otros medios para ponerse en contacto con esos perceptores, como es el
teléfono o el correo electrónico? El motivo, dicen, es que la carta
certificada es la única fórmula legal que demuestra la ausencia del
implicado. Es decir, no hay manera de probar, a estos efectos, que no
responde a las llamadas telefónicas. Además, nadie está obligado a tener
teléfono ni cuenta de email, pero sí debe estar empadronado en Euskadi
para recibir la RGI.
A la vista de estas cifras, la lucha contra el fraude en
las ayudas sociales se presenta como una de las prioridades a las que
debe enfrentarse Lanbide. No sólo porque supone un gasto injusto para
las arcas públicas en tiempos de estrecheces, sino porque situaciones de
esta naturaleza dan munición a quienes, tomando la parte por el todo,
ponen en tela de juicio unas prestaciones que son el único sustento de
miles de familias que las perciben de manera legítima.
Todo apunta a que las irregularidades comenzarán a
aflorar en su dimensión real cuando, en unos meses, se empiece a llamar a
los perceptores para recibir cursos formativos. Hay que tener en cuenta
que de esto último quedan excluidos los pensionistas, que suponen un
tercio de los 56.000 beneficiarios de la RGI. (FUENTE: EL CORREO).
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