Ciberbullying: El 44% de los escolares vascos ha acosado a compañeros.

Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta habitual entre los menores para propagar comportamientos agresivos y repetidos hacia víctimas que no pueden defenderse, una forma de violencia conocida como ciberbullying. 

Un estudio realizado por expertos de la Universidad de Deusto revela que el 30% de los escolares vascos de entre 12 y 17 años ha sido víctima de algún episodio de 'ciberagresiones' y el 44% ha acosado alguna vez a un compañero a través de la red. La mayor parte de estas situaciones se produce entre los adolescentes de segundo y tercer curso de la ESO, a los 13, 14 o 15 años. Una de las formas más habituales de esta actitud consiste en enviar mensajes con insultos y amenazas, o grabar escenas humillantes y colgarlas en Internet, aunque la moda de usurpar la identidad de una persona para perjudicarle ha irrumpido con fuerza entre los menores.

La investigación se llevó a cabo con cerca de 1.500 alumnos de colegios vascos, de entre 12 y 17 años. La media de edad era de poco más de 14 años. Una veintena de especialistas de la Universidad de Deusto se desplazaron a los centros de enseñanza para que los estudiantes completaran una serie de cuestionarios. «En algunos centros comprobamos que cuando los escolares participaban en el trabajo se alborotaban con las preguntas. Los profesores nos contaron que habían tenido recientemente casos de ciberbullying y que estaban muy sensibilizados con el tema», comenta una de las responsables del proyecto, la profesora de Psicología Esther Calvete.

Estas actitudes violentas entre menores se llevan a cabo a través de correo electrónico, chats en Internet y redes sociales 'on-line' como Tuenti, Facebook o blogs personales. El informe concluye que hay más chicas entre las víctimas -un 38% frente a un 26%- y más chicos entre los agresores (47% frente a 43%). La conducta más frecuente de las consideradas como 'ciberbullying' -el 20% de los encuestados- es que el acosador denigre a un compañero mediante la propagación de rumores falsos, bromas o comentarios crueles para ponerle en ridículo o con la intención de dañar su reputación o las relaciones con sus amigos. En una proporción similar se registran los mensajes con insultos y amenazas.

Aislar a la víctima

Otra forma de maltrato psicológico que se ha registrado siempre en las aulas, la de marginar o aislar a un niño, también se repite mediante las nuevas tecnologías: un 20% de los estudiantes entrevistados relató que había apartado a algún compañero de modo intencionado de un grupo 'on-line'. No es una acción banal. Los adolescentes crean esos grupos para chatear y es su vía directa, y casi única ya, para quedar cuando quieren salir, para compartir diversiones o información sobre su vida o sus tareas de clase. El muchacho que se queda fuera de esa red está condenado al aislamiento social. Los agresores modernos lo saben bien.

Enviar amenazas e insultos por e-mail y mensajes de teléfono móvil también forma parte de este macabro uso de las nuevas tecnologías. Un 15% de los encuestados admite haber utilizado esas prácticas y muchas veces de forma anónima. Las peleas 'on-line', conocidas con la etiqueta de 'flaming', se desatan cuando el afectado se defiende, responde a los ataques y se cruzan mensajes electrónicos con un lenguaje hostil y vulgar.

Pero las 'ciberagresiones' que más huella emocional dejan entre estas jóvenes víctimas suelen ser en las que hay imágenes de por medio. Más de un 10% de los estudiantes de Secundaria ha grabado vídeos mientras sus cómplices obligaban a otro menor a hacer algo humillante y ridículo con el propósito de colgarlos en la red. También hay casos de adolescentes (un 8%) que roban imágenes de contenido sexual -o provocan esas escenas- para enviarlas al círculo de conocidos y hundir a la víctima.

Hay una modalidad más perversa de este macabro juego: cuando los agresores graban a una persona mientras le pegan, lo que se conoce como 'happy slapping'. Un 10% de los encuestados admite haber participado en este tipo de ataques físicos, que luego difunden a través de Internet con el fin de poner en ridículo a un compañero.

Usurpar la identidad

Aunque las chicas es más habitual que sean víctimas que acosadoras, hay un tipo de ciberacoso que ha irrumpido con fuerza y del que se han convertido en protagonistas: el robo de la identidad ('hacking'). Por ejemplo, en cuarto de Secundaria hay un 20% de muchachas que se ha hecho pasar por otra persona para enviar mensajes de e-mail en su nombre con el único propósito de perjudicarle. Los varones que practican el bullying a través de Internet son más aficionados a grabar agresiones físicas e imágenes humillantes de otros adolescentes, incluso de naturaleza sexual, y propagarlas por la red.

En total, un 30% de los alumnos que participaron en la investigación había sufrido alguna acción que podía considerarse 'ciberbullying'. Las secuelas psíquicas que sufren estos menores son muy fuertes. «Los afectados muestran un nivel mayor de depresión, una autoestima menor y se consideran ya víctimas de maltrato», comenta Esther Calvete. Los escolares que han padecido estos ataques a través de la red suelen convertirse después en acosadores. «Justifican lo que hacen. Cuando les preguntas: '¿por qué haces eso?', te responden que es normal o que la víctima se lo merece. Llegan a verlo como algo aceptado, habitual», explica la psicóloga de Deusto.

Grabar a los compañeros cambiándose en el vestuario para colgarlo en la red.

Los escolares que han participado en el estudio sobre el 'ciberbullying' en Euskadi describían en los cuestionarios algunas de las situaciones de las que han sido víctimas o que han protagonizado. Entre estas grabaciones que luego servían para humillar a un compañero figuraban las escenas 'robadas' en un vestuario del colegio mientras un grupo de escolares se cambiaba. Otros vídeos recogían a adolescentes bañándose desnudos en el río o a chavales bailando de forma ridícula, unas imágenes que eran utilizadas para provocar las burlas del resto del círculo de conocidos. 

No hace falta que los planes sean sofisticados. Con que un compañero difunda una fotografía de otro en la que sale mal -o que ha sido tratada para ridicularizar su aspecto- es suficiente para causar daño, ya que su difusión se multiplica en pocos segundos, y provoca comentarios y bromas crueles en el grupo de chateo.

Los alumnos de Secundaria relatan también algunas situaciones en las que los 'ciberagresores' preparan bromas pesadas para recogerlas con la cámara del móvil. Uno de los escolares recuerda que le cortaron la pata de una silla para que se cayera al sentarse y poder grabarlo. Otro de los adolescentes detalló que «se hizo cantar a una persona de forma ridícula» con el único propósito de difundir las imágenes y reirse de él.

En el informe se hace referencia también a vídeos de agresiones físicas. Casi un 10% de los cerca de 1.500 alumnos que respondieron a los cuestionarios comentaron que en alguna ocasión les habían golpeado mientras recogían la escena con una cámara. Uno de ellos reconocía haber dado «patadas» a un compañero «mientras le filmaba». En otra ocasión, habían recogido con un móvil la agresión a un vagabundo en la calle.(FUENTE: EL CORREO).

La Camorra quería los ayuntamientos de Tenerife.

¿A qué abogado quieren que llamemos?», preguntaron los agentes a los detenidos de la «operación Pozzaro» en Tenerife. Los mafiosos no dudaron: «Al nuestro, a Domenico de Giorgio». «Ah, pues aquí lo tienen. Está en la habitación de al lado, arrestado como ustedes por blanquear dinero para la Camorra», respondió con sorna uno de los investigadores. Domenico de Giorgio intentó ser político en las pasadas municipales. Se apuntó a las listas del PP de Adeje (Tenerife), pero al final se cayó, no está claro si porque decidió retirarse a iniciativa propia o porque los populares se enteraron de sus amistades con los camorristas napolitanos del «clan Nuvoletta». Llegaron a organizar una convención del PP en el complejo «Marina Palace», el eje de los negocios mafiosos.

«Los camorristas querían meterse en los ayuntamientos para tener acceso a las licencias y a la vida pública, tal y como hacen en su territorio donde lo controlan todo», explican fuentes de la investigación. Las intervenciones telefónicas lo atestiguan. Cuando se produjo ese movimiento, en marzo pasado, se desató el nerviosismo. No se ha podido probar si la orden llegó expresamente de los jefes en Italia, pero la Mafia había estado a un paso de entrar en la política municipal. Ni más ni menos que los métodos italianos trasladados a Tenerife.

«No salió la jugada»

Al no conseguir su objetivo, De Giorgio perdió nivel y poder en el grupo. Casi le dieron la espalda. «Los jefes lo veían como un medio útil. Bien relacionado con políticos locales y además abogado, pero no salió la jugada», señalan los investigadores. Con todo, el abogado italiano es una pieza más en la estructura desmantelada por Policía y Guardia Civil desde el pasado octubre, cuando arrestaron a catorce camorristas en Tenerife. El último en caer ha sido Pietro Nocera, el jefe financiero del «clan Nuvoletta», uno de los principales de la Camorra napolitana. Nocera quería dar la bienvenida a 2012 fuera de Italia. El 28 de diciembre acudió a una comisaría de Marano para hacerse el pasaporte y allí mismo le colocaron las esposas. La Audiencia Nacional española lo reclamaba como el cerebro económico del clan.

El capo se había librado de la «operación Pozzaro», que el pasado 18 de noviembre apartó de la circulación a destacados miembros de las familias Nuvoletta y Polverino, asentadas en Tenerife. Los municipios de Adeje y Arona eran su retiro dorado y su cuartel general para blanquear millones de euros a través de la especulación inmobiliaria, la venta de barcos y últimamente el ocio, desde restaurantes hasta un reciente prostíbulo, bautizado como «Bugatti».

El entramado societario alcanza a una treintena de empresas, aunque el núcleo gira en torno a una decena. Al frente del negocio estaba el viejo camorrista Giuseppe Felaco, que ya había saldado sus cuentas de sangre en Italia y se había retirado a gestionar patrimonio a Tenerife para los clanes napolitanos. El 18 de octubre, después de casi un año tras ellos, más de dos centenares de agentes de Policía y Guardia Civil pusieron patas arriba el complejo turístico y residencial «Marina Palace» en Adeje, unos 5.000 apartamentos construidos por Felaco en 2001.

Catorce detenidos (doce italianos, un marroquí y una británica, amante de uno de los jefes), cuentas corrientes embargadas, veintisiete coches intervenidos, la mayoría de lujo, y siete barcos son los números de «Pozzaro». España ya había arrestado a muchos mafiosos italianos, pero era la primera vez que dirigía desde aquí una operación, gracias a un acuerdo firmado entre la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la Dirección Antimafia Italiana. Casi diez meses de pinchazos telefónicos, ordenados por el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, eran hasta ahora algo inusual.

Cierto que estas intervenciones no sirvieron de gran ayuda. Los camorristas eran amigos y se veían casi a diario, de forma que no necesitaban el teléfono. Cuando hablaban desde la «tierra de los toros» —como llaman a España— con los «inversores» italianos solo se deslizaba información de trámite, alguna referencia al «clan Nuvoletta» y poco más. «Con este sigilo, meterse en su mundo cerrado, casi de claustro en torno al Marina Palace, resultaba una temeridad a priori», analiza uno de los investigadores.

Los camorristas detenidos tenían el vínculo del dinero y la sangre. Giussepe Felaco, el constructor del complejo, era el jefe actual. Miembro de la familia Nuvoletta a través de su mujer María Miccelino, se había instalado en el «Marina Palace» con sus dos hombres de confianza: Ricardo Capazzo y Mario Varriales.

«Hombres de fuego»

Los tres «hombres de fuego», asesinos en su juventud, gozaban de la confianza del clan y dirigían las inversiones: construcción, compraventa y alquiler de terrenos e inmuebles destinados a lavar dinero en Tenerife de los clanes «Nuvoletta» y «Polverino». Sus hijos Luigi Felaco, Alexandro Capazzo y Stefano Varriales, también asentados en Adeje, estaban llamados a seguir su mandato, sobre todo el primero, que logró escapar de la operación y está en busca y captura.

Felaco había sucedido al frente del clan a Armando Orlando, ahora detenido, cuyas inversiones no gustaron a los jefes italianos. Pero Orlando continuaba en Tenerife ligado al clan y controlando a su vez a su sucesor por orden del financiero Pietro Nocera. «No se entiende el funcionamiento de este holding criminal y empresarial sin esos lazos de sangre que ellos llevan a gala», explica un comandante de la Guardia Civil. Felaco, Orlando y Nocera ya habían sido detenidos en España en la pasada década por reclamación de Italia, pero estaban en libertad.

A mediados del año pasado, los investigadores se enteraron de que el jefe, Giuseppe Felaco, tenía cáncer. Su estado se agravó después del verano. Apenas podía hacerse cargo ya de los negocios. Aún era pronto para tirar de la operación y le dejaron marchar. Tras despedirse de su amante, la británica Sily R., Felaco viajó a su mansión del lago Como, cerca de la de George Cloney y otros potentados. De allí, a su casa de Marano, pegado a su querido Nápoles y a su esposa de toda la vida, una «Nuvoletta» de sangre.

Unos días después de que los investigadores arrestaran a su gente en Tenerife, los carabinieri se presentaron en su retiro y le informaron de que estaba en arresto domiciliario. No hubo tiempo ni de hablar con él. Poco antes de que el juez y un comisario fueran a interrogarlo, Felaco, el hombre de fuego, el jefe de los camorristas de Tenerife, murió devorado por la enfermedad. Su hijo está huido y sus socios y amigos con los que compartía vida, delincuencia, mesa y mantel en cárceles españolas. En su comunidad de viviendas, en Adeje, deben 40.000 euros de recibos de agua. (FUENTE: EL PAÍS).

Elaboran una guía judicial de buenas prácticas para grandes catástrofes.

Los terremotos que devastaron Lorca el 11 de mayo y la reacción de la Administración de Justicia ante la tragedia ha inspirado el ´Protocolo de actuación judicial para supuestos de grandes catástrofes´ que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como una guía de buenas prácticas ante situaciones de calamidad.

El protocolo, según Claro José Fernández, vocal del CGPJ, «pretende garantizar la continuidad de la administración de Justicia en circunstancias catastróficas cualquiera que sea su origen y alcance». En el caso de producirse víctimas, añadió, «se activaría el protocolo nacional de actuación médico-forense y de policía científica». El plan también incluye la creación de la Comisión Judicial de Crisis, que formará los equipos de guardia para garantizar el normal funcionamiento del juzgado de guardia.
El documento regula cuestiones como la toma de decisiones respecto a la identificación y levantamiento de cadáveres, los casos de muerte violenta, las inspecciones oculares, la forma de arbitrar las normas de reparto para liberar a los juzgados de instrucción o el decreto de suspensión temporal de los plazos procesales o la revisión técnica de las dependencias judiciales.

Eliminan los juzgados mixtos
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha acordado la eliminación de los juzgados mixtos en el partido judicial de Lorca y la separación de las jurisdicciones de Primera Instancia de las de Instrucción en juzgados independientes. A partir de ahora habrá que determinar el número de juzgados de instrucción pero, sobre todo, el objetivo es el de conseguir una justicia de mayor calidad, según indicó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya.

Actualmente, según el presidente del TSJ, hay siete juzgados de primera instancia e instrucción, dos juzgados de lo penal y un servicio común de actos de comunicación y «a partir de ahora hay que determinar cuántos juzgados habrá de instrucción, si tres o cuatro de primera instancia, pero en la propuesta del estudio se incluye la necesidad de contar con un juzgado de primera instancia más, con lo cual en lugar de siete habría ocho, además de cinco civiles y tres juzgados de instrucción».
El Ministerio de Justicia es el que tiene que autorizar esta separación de jurisdicciones sobre los datos expuestos por el TSJ. (FUENTE: LA OPINIÓN DE MURCIA).

Culmina la exhumación de las '17 rosas de Guillena'

Los arqueólogos que trabajan en el cementerio del municipio sevillano de Gerena para extraer los restos de los cuerpos de las denominadas 17 rosas de Guillena -mujeres asesinadas en noviembre de 1937- han culminado este viernes las labores de retirada.

Según han informado fuentes de la Consejería de Gobernación y Justicia, ahora, cumpliendo la cadena de custodia, responsabilizada la alcaldesa gerenera, Margarita Gutiérrez, y con supervisión del Comisariado, comenzarán las labores del antropólogo forense y el laboratorio para la identificación genética, así como también se tapará la excavación para que se vuelva a tener acceso a los nichos contiguos a la fosa.

Según ya explicó el arqueólogo Juan Luis Castro, los restos presentan evidencias de "violencia extrema", entre los que se encuentra un cráneo con dos tiros, además de numerosas fracturas. A finales de la pasada semana ya se habían localizado los restos de 15 mujeres. La exhumación, según el arqueólogo, ha permitido encontrar bastantes evidencias de "violencia extrema", con fragmentos de casquillos y balas o un cráneo con tiros en la nuca, además de numerosas fracturas "que habrá que estudiar con detalle", indicó Castro, que asegura que se han encontrado igualmente objetos personales como un monedero, un peine, pendientes, un anillo u horquillas.

Tras la exhumación, ahora se realizará un estudio antropológico de laboratorio para avanzar en encajar a cada persona con su esqueleto atendiendo a la edad o a posibles rasgos o enfermedades, entre otros, a través de unas pruebas que cuenta con un margen de error de cuatro años. A continuación, se verificarán esos nombres y cuerpos mediante unas pruebas de ADN, que se realizarán en un laboratorio de Bollullos de la Mitación. "Es muy importante que se ponga en valor lo que se está haciendo aquí para que se acepte paulatinamente y de manera natural y se reconozca que las evidencias halladas constituyen pruebas de un crimen de lesa humanidad, que no prescribe", sentenció.

Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 19 Mujeres de Guillena, la mayoría de los hombres habían huido de Guillena en julio de 1936, de los que algunos fueron detenidos y fusilados por aplicación del bando de guerra, mientras que otros llegaron a Madrid, donde se alistaron en el ejército republicano. "Las mujeres, sin embargo, se quedaron en el pueblo conviviendo con el miedo, el hambre y las desesperación de la represión que desde los primeros momentos se instauraron en Guillena", se añade, tras asegurar que 19 vecinas de este pueblo fueron detenidas a principios de septiembre de 1937 "por el único motivo de ser hijas, hermanas o viudas de rojos", de las que dos recibieron indulto, mientras que las otras 17 fueron fusiladas a primeros de noviembre de 1937 en el cementerio de Gerena.

La localidad de Guillena concedió el título de Hijas Predilectas de la Villa a estas mujeres, asesinadas en noviembre de 1937, y cuyos nombre son Eulogia Alanís García, Ana María Fernández Ventura, Antonia Ferrer Moreno, Granada Garzón de la Hera, Granada Hidalgo Garzón, Natividad León Hidalgo, Rosario León Hidalgo, Manuela Liánez González, Trinidad López Cabeza, Ramona Manchón Merino, Manuela Méndez Jiménez, Ramona Navarro Ibáñez, Dolores Palacios García, Josefa Peinado López, Tomasa Peinado López, Ramona Puntas Lorenzo y Manuela Sánchez Gandullo.

(FUENTE: DIARIO DE SEVILLA).

Siete de cada cien adolescentes vascos reconocen haber pegado a sus padres.

Las agresiones de los hijos a los padres ganan terreno dentro de la dramática estadística de la violencia en el seno de las familias. Un 7,2% de adolescentes vascos de entre 14 y 18 años reconoce haber pegado, al menos en una ocasión, a su madre o a su padre y el 2,5% confiesa haber cometido entre 3 y 5 agresiones físicas contra alguno de sus progenitores en el último año. Son los resultados de un estudio realizado por un equipo de la Universidad de Deusto, que dibuja el perfil de estos chavales y los motivos de su actitud: han sido educados en un ambiente muy permisivo o son víctimas y testigos de otros tipos de maltrato en su hogar.

Los ataques verbales son, tristemente, muy frecuentes. Casi siete de cada diez chicos y chicas admiten haber insultado o amenazado a sus padres. Las agresiones verbales son más habituales contra las madres. Sin embargo, entre los ataques físicos no hay apenas diferencias: los hijos pegan -bofetadas, puñetazos o golpes con objetos contundentes- en la misma proporción a ambos progenitores, señala el informe. Las jóvenes protagonizan más casos de ataques verbales, y entre los muchachos hay un número mayor de sucesos de violencia física.

El estudio dirigido por la profesora Esther Calvete -que acaba de recibir el premio de Investigación UD-Banco de Santander-, trata de responder a una pregunta: ¿qué lleva a los menores a pegar a sus padres? «El objetivo es poder buscar estrategias de prevención y fijar los factores de riesgo», señala esta experta en psicología.

En la investigación participaron casi 1.500 adolescentes de entre 14 y 18 años de colegios vascos, que ofrecieron testimonios personales. Los datos fueron completados con los de menores acogidos en programas especializados en violencia paterno-filial de la Diputación de Bizkaia. Los técnicos que colaboraron en el proyecto se entrevistaron también con parejas afectadas y que recibían tratamiento en la asociación Euskarri de terapia familiar.

El trabajo confirma lo que ya apuntan las denuncias recogidas por la Fiscalía vasca en los últimos años: «el incremento de las agresiones de hijos a padres», apunta la docente. Sin embargo, su investigación se centra en detectar las causas que llevan a un menor a ejercer la violencia contra sus padres.

El equipo de Esther Calvete describe dos tipos de familias en las que se crían estos pequeños maltratadores. «En esos hogares el conflicto entre los padres es habitual. El menor puede haber sido maltratado directamente por sus progenitores o haber sido testigo de la violencia ejercida contra su madre. Cuando llegan a la adolescencia ese niño imita esa conducta y la dirige contra sus padres», destaca.

Familias muy permisivas

Pero lo que más ha crecido en los últimos años son las agresiones protagonizadas por adolescentes que han sido criados en un ambiente de permisividad. «Los padres no saben poner límites a la conducta de sus hijos. Los chavales han aprendido a conseguir todo lo que quieren y no tienen tolerancia a las frustraciones habituales de la vida», destaca el estudio. Algunas de las madres relataban que cuando llegaban cansadas a casa no tenían fuerzas para discutir con sus hijos y era más sencillo darles todo lo que pedían. Coincidían en la ausencia de la figura paterna en la labor de educación.

En algún momento de su adolescencia, estos chavales 'de riesgo' comienzan a relacionarse con otros menores con problemas de alcohol y drogas e, incluso, que ya han cometido delitos. Y el desastre se completa. El estudio ha revelado que no hay diferencias entre familias de diferentes niveles socioeconómicos ni tampoco hay relación con los estudios de los padres.

El equipo de la Universidad de Deusto realiza en la actualidad un trabajo con 2.000 escolares de 14 años, en un proyecto subvencionado por el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia. Los expertos harán un seguimiento de los adolescentes durante cuatro años para tratar de detectar en qué momento y a partir de qué circunstancias comienzan a surgir sus conductas violentas y poder así elaborar estrategias preventivas. (FUENTE: EL CORREO).

Renuncia la juez forense de Amy Winehouse al ser cuestionada su capacidad.

La juez Suzanne Greenaway dirigió la investigación sobre los motivos de la muerte de la famosa artista, de 27 años de edad, después de que fuera encontrada sin vida en su piso del norte de Londres el pasado 23 de julio. En sus conclusiones establece que la cantante tenía al morir, una dosis de alcohol cinco veces superior a la permitida para conducir, no encontrando rastro de '"sustancias ilegales' en su cuerpo. El veredicto dice que la muerte fue 'accidental', basándose en que 'una cantidad tan elevada de alcohol en su cuerpo pudo hacerla dejar de respirar y entrar en coma.

Greenaway no cumplía con los cinco años de registro como abogada en el Reino Unido, como exige la ley, después de haber ejercido su profesión durante una década en su país natal, Australia. Además de haber designado a su marido, el juez forense Andrew Reid, como ayudante adjunto a juez forense en el año 2009.

Los familiares de Amy están siendo 'asesorados' sobre las posibles implicaciones. Por su parte, Reid sostuvo que todas las investigaciones relativas a la muerte de la cantante 'fueron llevadas a cabo de forma correcta' aunque se ofreció a gestionar de nuevo esas pesquisas 'si quieren los familiares de la fallecida'.  La Oficina de Quejas Judiciales ha abierto una investigación sobre la conducta del letrado.

Policía Municipal apaleado: "El chaleco nos protegió de los golpes".

Uno de los agentes apaleados en Rekalde relata que los agresores les dieron «patadas, puñetazos y pisotones

Llevo tres semanas con ibuprofeno». Los dos policías municipales de Bilbao apaleados el pasado 12 de enero en Rekalde siguen de baja. Uno de ellos, el más grave, ha comenzado a hacer rehabilitación; el otro espera a que la mutua le dé cita con el fisioterapeuta. De los golpes, sufrió «micro-roturas musculares que se han convertido en contracturas. No me puedo mover». En una conversación telefónica con este periódico, este segundo agente, que prefiere preservar su identidad para no preocupar a su familia, relata cómo los agresores -cinco, según él- reaccionaron de forma «imprevisible». «Mi compañero les avisó para no tenerles que denunciar», explica, pero «nos dieron una paliza de las de toda la vida, con patadas, puñetazos y pisotones».

Los dos policías, ambos de 29 años, forman pareja profesional desde hace seis años. Hasta hicieron juntos las prácticas. No era su primera «mala experiencia». «Ha habido unas cuantas, pero ninguna con tanta repercusión». Como patrulleros han sufrido intentos de agresión con arma blanca, atropellos... «También me han agujereado el guante con un destornillador», rememora. «Me preocupa que se ponga de moda pegar al policía porque sale barato». El ataque en Rekalde les pilló por sorpresa. «Se supone que tienes que estar siempre alerta, pero quién se esperaba que un jueves a las nueve de la mañana alguien reaccionase así. No la pudimos repeler». Tampoco fueron conscientes de «la magnitud hasta que nos vimos magullados; mi compañero no sabía que le habían pegado entre tres hasta que se lo dije yo, él creía que era sólo uno».

La patrulla tenía como misión esa mañana «librar las zonas de carga y descarga» en Rekalde. En el cruce de la calle Anboto con Esperanto vieron un 'Volkswagen Golf' estacionado en una de ellas con su conductor en el interior. Se pusieron a su altura. Él conducía. Su compañero, que iba de copiloto, bajó la ventanilla e indicó al infractor que «si no estaba descargando, retirara el vehículo. El trato fue super correcto». Justo en ese punto hay un supermercado y una furgoneta de reparto tenía las puertas abiertas. El transportista, al ver el aparcamiento ocupado, «nos echó una mirada...», recuerda. El conductor del 'Golf' «puso cara desafiante y contestó de mala manera», pero quitó el coche. Los policías fueron a una calle próxima a denunciar a otro vehículo mal estacionado. Después, tuvieron que regresar por la misma calle Anboto, de dirección obligatoria. Esta vez, el 'Golf' estaba aparcado enfrente, ocupando un carril de circulación. Mientras él fue a buscar un lugar donde el coche-patrulla no molestara, su compañero se apeó y se dirigió de nuevo al automovilista, de 27 años, que estaba acompañado por otras cuatro personas, algunos de ellos hermanos suyos. «Le dijo que o quitaba el coche o le denunciaba, ya con otro tono, pero sólo avisando, y entonces empezó a pegarle puños. Mi compañero se quedó medio grogui». El agente no llegó a caer al suelo, y «automáticamente otros dos empezaron a darle puñetazos muy fuertes mientras él se agachaba para intentar evitarlos». Salió en su defensa. «Fui a por el que tenía más cerca e intenté separarle, pero uno me agarró y me dio un puño en la boca que me rompió el labio, escupía sangre. Caí y me pisaron en el hombro, esa ha sido mi peor lesión». En varias ocasiones intentó avisar por emisora de lo que estaba ocurriendo, pero no podía. A duras penas logró pedir «¡apoyo!» y pronunciar el nombre de la calle en la que estaban.

Derribado en el suelo, el agente veía cómo a su compañero seguían apaleándole. Le habían arrebatado la porra y uno de ellos gritaba «¡quítasela, quítasela!», mientras otro intentaba sacar de la funda el arma reglamentaria del policía. «Esa escena se me ha quedado grabada. Saqué mi porra y empecé a dar golpes en un acto desesperado para que no le quitaran el arma; igual no tenían intención de hacer nada, pero nunca se sabe». En ese momento, el agente temía por su integridad física y la de su compañero y también porque estaban en un lugar público, donde cualquiera podía ser alcanzado.

 

«La adrenalina lo cura todo»

Se produjo entonces un punto de inflexión. «Pensaba los pasos que tenía que dar para sacar el arma, no la tengo alimentada (preparada para disparar) ni tampoco mi compañero. Aunque tardas más en reaccionar, es una decisión personal». El otro guardia logró quitarse de encima a uno, desenfundó la 'Sig Sauer' y «apuntó al suelo». Sirvió para que los individuos desistieran. Los policías redujeron a dos agresores y los introdujeron en un taller, algo que después han valorado como un «error, porque podían haber cogido cualquier herramienta y usarla como arma».

Entonces, apareció su ángel de la guarda. «Un escolta privado nos dijo que si necesitábamos ayuda y le contesté: '¡por favor!'». Una vigilante de la OTA que dio la voz de alarma y un cabo de la Policía Municipal, que fue el primero en llegar, también colaboraron para que la agresión no terminara de la peor manera. «Si no es por los chalecos antibala que los dos llevábamos, nos hubiesen roto las costillas. Nos protegieron de los golpes».

Él salió en busca del tercer implicado y un cuarto se presentó al día siguiente en el juzgado. Pese a la brutal agresión, «la adrenalina te cura todo». Los dos agentes se montaron en el coche patrulla y trasladaron a uno de los detenidos, el conductor infractor, a la comisaría de Garellano. «Si puedo conducir, puedo llevar a alguien atrás», pensó.

Visto desde la distancia, «no fuimos conscientes, en una intervención así de tensa se forma el efecto túnel, te aíslas de todo y sólo te centras en lo más peligroso para ti». Al verse las magulladuras, se fueron a la mutua. Después, los dos agentes se han sentido «arropados». El alcalde, Iñaki Azkuna, les recibió en su despacho y asociaciones de vecinos les han mandado cartas de apoyo. No obstante, asume como policía que «esto nos puede ocurrir, por algo llevamos un arma» y tiene «ganas de volver a trabajar; para quitármelo de la cabeza. Lo peor no son los golpes, sino el coco». (FUENTE: EL CORREO).

América Latina, una torre de Babel con 420 lenguas indígenas.

La sociolingüista austriaca Inge Sichra vive en Cochabamba hace 26 años. Su llegada a esta ciudad en 1976 fue providencial. Lo más importante de su vida estaba recién por suceder. 

Relata que el momento que pisó Cochabamba, aquel día de junio, la luz y una energía telúrica de las montañas la cautivaron.

--Tuve la certeza de que éste debía ser mi lugar de vida—cuenta Inge. --Se cumplió cuando ya en el 86 vine a quedarme aquí, donde me esperaba mi compañero Pablo, y empaparme de la fascinante fuerza y dinámica de lo quechua en el campo y en la ciudad--.  

Actualmente está a cargo del área de lenguaje (sociolingüística) en el Proeib Andes, un programa del posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Simón para profesionales indígenas de los países andinos y también de México que persigue formar e investigar en educación intercultural bilingüe con una maestría presencial de 2 años.

Ala pregunta de si tiene algún proyecto personal que está impulsando? Respondió. “Desde que nuestro hijo Santiago se fundió con los dioses del Tunari y sus cóndores el 6 de junio de 2009, próximo a cumplir 21 años, mi proyecto personal es aceptar la muerte en la vida, la vida de la muerte, cómo el horror y lo inaceptable se vuelve capitulación y transformación. Quiero seguir en la sanación escribiendo sobre ese pasado tan presente aún”.

La sociolingüista austriaca Sichra se doctoró por la Universidad de Viena sobre “La vitalidad del quechua en dos provincias en Cochabamba”. Hace poco editó el Atlas Sociolinguístico en América Latina, de dos tomos, una publicación de Unicef.

A continuación conversamos sobre las lenguas indígenas de América Latina, la enorme cantidad que hay en la región y lo que los estados hacen por mantenerlas vivas.

Según el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina, el que editaste y fue publicado en 2010,  ¿cuántos pueblos indígenas existen en la región que tienen una lengua propia que está viva?

Hemos detectado con nombre, número y lugar de asentamiento 522 pueblos en los 21 países de la región latinoamericana. Estamos acostumbrados a escuchar que se trata de pueblos minoritarios o “minorías étnicas”, así que no dejaremos pasar la oportunidad para nombrar a los 5 pueblos con poblaciones en números millonarios, en orden numérico descendente, Quechua, Nahua, Aymara, Maya yucateco y Ki’che’;  con poblaciones entre 500 mil y un millón, se encuentran 6 pueblos: Mapuche, Maya q’eqchi’, Kaqchikel, Mam, Mixteco y Otomí.

En cuanto a las lenguas indígenas registradas, hay en la región 420 lenguas en uso. 103 de ellas, un quinto de todas las lenguas indígenas habladas, son transfronterizas, o sea, se extienden por encima de fronteras nacionales (hay lenguas que se hablan hasta en 5 países). El Atlas da un marco de referencia, no podemos a ciencia cierta decir cuántas lenguas aún se hablan, uno por la dificultad de registrar a los hablantes –la histórica discriminación de lo indígena ha provocado una autonegación e invisibilización de la identidad y lenguas; y segundo, por la ambigüedad de definición de una lengua por oposición a una variedad dialectal así como la indefinición de cuándo muere una lengua.  En el tema de lenguas indígenas hay mucha dinamicidad y cambio, por decirlo menos, así que establecer un número fijo de lenguas indígenas en Latinoamérica es una ilusión, dadas las diversas perspectivas e ideologías que determinan tal definición.  

¿Cuál es la particularidad más destacable de estas lenguas?

En África se reportan a  actualmente cerca de dos mil lenguas, en Asia del Sur alrededor de mil quinientas lenguas y Nueva Guinea alrededor de mil. Lo que distingue a América Latina es la profusión de familias lingüísticas y la notoria diversidad genética y tipológica de lenguas que eso implica. Mientras que en los lugares mencionados hay entre 10 y 27 familias, para Latinoamérica registramos en el Atlas 99 familias lingüísticas. La más extendida de todas es la familia Arawak, que se extiende desde Centroamérica hasta la Amazonía en más de una decena de países. Otra cosa interesante es que los 21 países latinoamericanos –exceptuando los del Caribe- tienen presencia indígena, desde Brasil con sus 241 pueblos hasta El Salvador con 3.

El que el 20 por ciento de las etnias no hable su lengua, ¿qué significa desde el punto de vista antropológico y etnolingüístico?

¿Qué tuvo que haber sucedido para que esté así?

En cuanto a los pueblos castellano hablantes sin lengua indígena, la mayor parte está concentrada en el área geocultural Andes. Es muy significativo esto. Tiene que ver con el muy temprano contacto con los colonizadores y una muy prolongada relación con los estados en esta área. Este temprano desplazamiento de las lenguas indígenas por el castellano se registra en los Andes Norte, concretamente en Colombia. El área más propicia para el mantenimiento de las lenguas sigue siendo la Amazonía y la Orinoquía, en gran medida protegidos de la colonización hasta el siglo pasado.

¿Qué sucede con las lenguas cuando conviven varias culturas, unas más dominantes que otras? ¿Son asimiladas con el tiempo?

Un fenómeno que vale la pena remarcar es que la pérdida de lenguas nativas se da en un área donde, al mismo tiempo, se encuentran los dos pueblos millonarios, quechuas y aymara. En realidad, el quechua ha tenido y sigue teniendo un comportamiento bastante similar al castellano en cuanto a desplazamiento de lenguas; es decir, muchos pueblos se han quechuizado, es un proceso que se observa hasta la actualidad.

Por otro lado, el paso al castellano tiene que ver también con una realidad en los Andes Sur, especialmente en Argentina, donde hay un proceso de etnogénesis en el cual pueblos que tienen memoria de su existencia recuperan esa voz, la expresan y se identifican como pueblos aunque ya hayan perdido su lengua. Entonces tenemos el surgimiento de pueblos indígenas que solamente hablan castellano.

Los pueblos indígenas portugués hablantes evidentemente se concentran en el Brasil. Quiero resaltar aquí el hecho de que la mayoría de estos pueblos que perdieron su lengua ancestral se ubican en el noreste de Brasil: todos los pueblos del noreste de Brasil son monolingües portugués, otra vez explicable por el inicial y persistente contacto desde los tiempos de la conquista con los colonizadores.

Desde el punto de vista antropológico, nos toca revisar el lugar de la lengua en la identidad de un pueblo, puesto que aún sin lengua ancestral un pueblo pervive con la conciencia de ser un colectivo cohesionado y a la vez diferenciado de otros en base a otros elementos culturales,  no necesariamente la lengua, por ejemplo, el territorio, el mito de origen, la religiosidad, la práctica espiritual, la práctica productiva, etc.

¿Qué países en América Latina reconocen como lengua oficial a un idioma nativo?  Le parece que fueron reconocimientos líricos, sin una decisión política que medie para apoyar a mantener vivas las lenguas?

Bolivia es el único país que en el Art. 5 de la nueva constitución reconoce como oficiales al castellano y a todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que según la lista allí incluida resultan ser 36. La constitución ecuatoriana del 2008 establece al castellano como el idioma oficial del Ecuador, con el añadido de que “el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Ecuador mismo y otros países como Colombia, Nicaragua Perú, Venezuela reconoce en sus constituciones el uso oficial de lenguas indígenas en las zonas donde habitan los pueblos o en sus territorios “en los términos y casos que establezca la ley” . Paraguay oficializa en su constitución al castellano y al guaraní y establece que “las lenguas indígenas, así como las de las otras minorías forman parte del patrimonio cultural de la Nación”. Quiere decir que en el Paraguay el guaraní no es considerado lengua indígena. Otros países reconocen en sus constituciones a las lenguas como patrimonios culturales que el Estado deberá preservar y respetar (Guatemala, Honduras, Costa Rica) o a los pueblos preexistentes (México, Argentina).

Entonces, en el caso boliviano se puede decir que es una decisión política que se queda en lo declarativo…

En la medida en la cual a la declaración de oficialidad de la Constitución no le sigue una Ley de lenguas y reglamentación correspondiente, se puede decir de modo general que no hay decisión política para apoyar a mantener vivas las lenguas. Pues la palabra sola “oficial”, si bien conlleva una inmensa promesa, aún no genera acción, mucho menos obligación y derecho de la sociedad al uso de las lenguas en instituciones del Estado, administración, sistema judicial, legislación, espacios públicos, medios de comunicación.  Si bien el Art. 5, II de la Nueva Constitución expresamente manda al Gobierno plurinacional y a los gobiernos departamentales utilizar al menos dos idiomas oficiales, uno de ellos el castellano, y el otro de predominio en su territorio y población y a los  demás gobiernos autónomos utilizar los idiomas propios de su territorio y el castellano,  no hay aún mayor concreción. En las Asamblea Nacional y Departamental  de Cochabamba, por citar el caso, se sesiona únicamente en castellano. Contraviniendo con su centralismo el carácter plurinacional del Estado, los órganos de gobierno utilizan hoy tanto o más el castellano que antes. Empezando por el Vicepresidente y las autoridades ministeriales, se hace caso omiso al Art. 234 de la Constitución que exige hablar al menos dos idiomas oficiales para acceder al desempeño de funciones públicas. No hay ley ni reglamento al respecto de uso de lenguas.   

Otro ejemplo minúsculo de cómo solamente estamos a nivel de lirismo de la Constitución a casi tres años de su dictación: si usted quiere poner un necrológico en quechua en el periódico Los Tiempos, no lo va a poder hacer porque no se lo aceptan. Fue el caso de la madre de una estudiante nuestra, monolingüe quechua. Los argumentos fueron: nadie pone un necrológico en quechua, no sabemos si está bien escrito. Si usted en calidad de monolingüe quechua quiere hacer cualquier gestión  en una institución pública o privada sin traductor, no logrará su cometido. A nivel institucional y también a nivel individual, no hay ni la conciencia de la validez y funcionalidad del quechua ni hay la actitud de reconocerle su estatus de lengua oficial.

Que la declaración de oficialidad de 36 lenguas indígenas en la Constitución sea sobre todo un reconocimiento político pero con alto sentido lírico se demuestra en el hecho de que, de esa lista de lenguas, una nunca existió (toromona), otra está practicamente extinta (guarasugwe), otra es de uso ritual solamente (machajuyai-kallawaya), se incluyó una variedad casi extinta de otra lengua que está en la lista (mojeño-ignaciano, además de mojeño-trinitario), otra figura con el nombre de la familia lingüística en vez de con su nombre de lengua (zamuco, en vez de ayoreo) y una es una denominación alternativa de otra lengua que también figura en la lista (puquina, además del uru-chipaya). (FUENTE: LOS TIEMPOS, BOLIVIA).

La retirada de ayudas sociales por fraude en Euskadi amenaza ya a 7.000 beneficiarios.

Los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos (RGI) tienen la obligación legal de estar localizables para atender posibles ofertas de empleo o formación. Pese a ello, 7.006 perceptores de esta ayuda social permanecen desaparecidos para Lanbide, el organismo del Gobierno vasco que acaba de asumir su gestión. 

Esa cifra supone casi el 13% de las 56.000 personas que reciben la prestación, cuya cuantía oscila entre los 650 y los 923 euros mensuales en función de que el destinatario tenga o no personas a su cargo. Si siguen sin dar señales de vida, los ciudadanos a los que la Administración no encuentre en el domicilio que han facilitado podrían dejar de recibir esa cantidad a partir del mes que viene por estar en una situación supuestamente fraudulenta.

Este dato, al que ha tenido acceso EL CORREO, desborda todas las previsiones del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). Hace dos semanas, cuando divulgaron las primeras cifras sobre esta presunta bolsa de fraude, apuntaba, ya con sorpresa, que se elevaría a 4.000 perceptores. Al final, el número casi se ha doblado.

El hallazgo de las posibles irregularidades se ha producido de una manera singular. Cuando Lanbide se hizo cargo de la renta de garantía de ingresos envió por correo certificado una carta a cada uno de los perceptores para informarles de la nueva situación; no solo de que el Gobierno vasco tomaba las riendas de una gestión que hasta entonces había correspondido a diputaciones y ayuntamientos, sino de que a partir del pasado diciembre la percepción de la ayuda pasaba a estar vinculada a la búsqueda activa de trabajo. De hecho, esta es una de las principales apuestas del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales para evitar que ciertas personas se cronifiquen en las prestaciones sociales perdiendo interés por reincorporarse al mercado laboral.

Segunda remesa

El problema es que, de esas 56.000 misivas enviadas por correo certificado, Lanbide recibió devueltas las 7.006 mencionadas. El motivo era que el destinatario no residía en la dirección que le consta al Servicio Vasco de Empleo. Según explicó el viceconsejero de Planificación y Empleo, Javier Ruiz, el procedimiento utilizado para contactar con los perceptores de RGI fue el habitual en estos casos: un funcionario de Correos acude al domicilio de turno para entregar la carta certificada y si no da con el destinatario o no consta que viva allí, deja una comunicación para que pase por la oficina postal a recoger la misiva en un plazo de siete días. De no hacerlo en este periodo de tiempo, la carta se envía de vuelta a Lanbide.

Ahora, el Servicio Vasco de Empleo ya ha comenzado a remitir una segunda remesa de cartas certificadas a esos 7.000 beneficiarios desaparecidos. Esta vez, la comunicación les advierte de que deben ponerse en contacto con Lanbide bajo pena de perder la RGI.

En caso de que por segunda vez regresen devueltas, se pasará a citar a los afectados a través del Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), trámite puramente formal porque su lectura diaria es más que infrecuente entre la inmensa mayoría de los ciudadanos. En esta publicación se dará una fecha en la que los perceptores deben personarse ante las oficinas del Gobierno vasco. De no hacerlo, se pasará a decretar la suspensión cautelar de la prestación. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que un buen número de beneficiarios, de seguir ilocalizables, dejarán de cobrar la RGI el mes que viene.

Desde el departamento que dirige la consejera Gemma Zabaleta son muy cautos a la hora de calificar esta situación como fraude mientras no se confirme, una vez agotados todos los trámites legales, que los perceptores están desaparecidos. Lo que sí está claro, aseguran las mismas fuentes, es que existen irregularidades en la medida en la que no hay manera de contactar con personas obligadas a estar localizables.

Maneras de contactar

Se plantea una cuestión, ¿por qué Lanbide no acude a otros medios para ponerse en contacto con esos perceptores, como es el teléfono o el correo electrónico? El motivo, dicen, es que la carta certificada es la única fórmula legal que demuestra la ausencia del implicado. Es decir, no hay manera de probar, a estos efectos, que no responde a las llamadas telefónicas. Además, nadie está obligado a tener teléfono ni cuenta de email, pero sí debe estar empadronado en Euskadi para recibir la RGI.

A la vista de estas cifras, la lucha contra el fraude en las ayudas sociales se presenta como una de las prioridades a las que debe enfrentarse Lanbide. No sólo porque supone un gasto injusto para las arcas públicas en tiempos de estrecheces, sino porque situaciones de esta naturaleza dan munición a quienes, tomando la parte por el todo, ponen en tela de juicio unas prestaciones que son el único sustento de miles de familias que las perciben de manera legítima.

Todo apunta a que las irregularidades comenzarán a aflorar en su dimensión real cuando, en unos meses, se empiece a llamar a los perceptores para recibir cursos formativos. Hay que tener en cuenta que de esto último quedan excluidos los pensionistas, que suponen un tercio de los 56.000 beneficiarios de la RGI. (FUENTE: EL CORREO).

Casos de bebés robados y las adopciones ilegales en Euskadi han seguido un mismo patrón.

Por sus manos han pasado los informes de las tres exhumaciones realizadas en Euskadi —dos en Gipuzkoa y una en Bizkaia— que dieron como resultado tres féretros vacíos. El director del Instituto Vasco de Medicina Legal, Carlos Cubero, asegura que los casos de bebés robados y las adopciones ilegales han seguido un mismo patrón. “Va a ser muy duro, pero es necesario que salga la verdad, aunque para ello hace falta voluntad”, subraya.

Pregunta. ¿Qué dicen los informes de las exhumaciones?

Respuesta. En los tres casos, el de Derio en el que el supuesto bebé se enterró en 1992, el de Itsasondo, datado en 1977, y el de Polloe, en el 74, no había restos óseos. Esto significa desde un punto de vista científico que allí no se introdujo ningún recién nacido muerto. Si lo hubiera habido, el cadáver por la descomposición hubiera acabado en restos. A los cinco años, normalmente, ya no hay tejido blando y solo queda tejido óseo que permanece para siempre en el tiempo.

P. ¿Podría haber alguna otra explicación que justifique las cajas vacías? ¿Movimientos de tierra o traslados en los panteones?

R. No. Se sacó un féretro con el deterioro natural del tiempo por las condiciones ambientales y se ve que aquello no ha sido manipulado. Insisto, si en verdad se hubiera metido un recién nacido muerto o un feto a término que fallece tras nacer, hubiera habido restos óseos.

P. ¿Qué protocolo están siguiendo los forenses vascos?

R. Entre abril y mayo de 2011, la consejera de Justicia, Idoia Mendia, nos adelantó que seguramente tendríamos que intervenir y nos planteó si estábamos preparados. La preocupación era por si había suficientes recursos y personal para ello. La respuesta fue que sí. Hay personal, medios materiales y conocimientos técnicos y científicos. A finales de junio se nos remitió un protocolo de actuación desde el Departamento de Justicia para la colaboración en los casos que sea necesaria la identificación a través de métodos científicos de investigación del ADN y la asistencia del Instituto Vasco de Medicina Legal. Se trata de aplicar un protocolo conjunto para que haya una homogeneización y una buena articulación a nivel estatal.

P. ¿Se puede caer en el error de agrupar todos los casos?

R. Hay que matizar y diferenciar unos de otros. No sé si hubo una trama, aunque todo induce a que sí. No puedo asegurarlo porque hay que investigar. El resultado nos dirá si ha habido una trama, quiénes han intervenido y la localización de esas personas que algunas han podido fallecer. Pero sí creo que las sustracciones de bebés y las adopciones ilegales han seguido un mismo patrón. No parece que se haya actuado de forma individual.

P. Hace cuatro o cinco décadas no existían los códigos deontológicos en las clínicas y hospitales que conocemos hoy. ¿Era fácil actuar de forma irregular?

R. Ahora las cosas se hacen con más rigor y hay más sistemas de control. Además, la propia sociedad es más exigente y no vive en la credulidad y en la ignorancia, dicho con respeto. En una situación tan extrema como una mujer que está dando a luz, ésta es más vulnerable. Está claro que sabían a quiénes manipular. Ahora exigimos más. Aunque sea un momento triste pedimos documentación, ver al recién nacido muerto y llevárnoslo para inhumar. Antes no se hacían las cosas así pero evidentemente se tenía que hacer como estaba establecido por el reglamento del Registro Civil. Es verdad que ahora sería impensable por los controles que hay en las instituciones y en la sociedad. Lo que es sorprendente es que haya podido ocurrir en los años 80 y 90 cuando ya existía de alguna forma ese control.

P. ¿Falta tanta documentación como se cree?

R. Todos los casos no pueden salir a la luz porque no va haber documentación suficiente para abrir las investigaciones. Esto va a generar mucha frustración porque hay muchas familias que están reviviendo las dudas que tuvieron en su día y no se pueden crear falsas expectativas. En aquella época estaba todo en papel y este aparece y desaparece, se traslada de sitio. Pero confío en que haya más documentación de la que la sociedad piensa que hay. Creo que así es, hay más de la que todos pensamos. Lo único que sí tiene que haber es sensibilización. Si estás sensibilizado intervienes con más celo. Lo que me preocuparía es que haya sectores que no quieran llegar a saber la verdad. Pero si todos a una estamos sensibilizados y ponemos nuestros conocimientos, herramientas y nos coordinamos, se puede hacer mucho más de lo que la sociedad piensa. En muchos casos no se podrá llegar a la verdad, pero en otros sí. Lo que tiene que haber es voluntad.

P. ¿La Comisión interdepartamental creada entre Sanidad, Justicia e Interior es un paso importante en la coordinación?

R. Sí. Es necesario que cada uno sepa qué actuaciones tiene que llevar a cabo pero que haya una interrelación. Esto va a permitir agilizarlo todo. La investigación siempre va a ir canalizada por el juez y el fiscal, pero no excluye para que haya unos canales de comunicación entre los operadores activos que ayude a tener más comunicación.

P. ¿Qué opinión tiene de la supuesta trama de robos de bebés?

R. Como patólogo forense y como persona, creo que hay que humanizar los casos con respeto hacia las familias, sin entorpecer las investigaciones, pero dando la justa información para sensibilizar a la sociedad con unos hechos tan brutales que cuesta creer que hayan ocurrido. Prefiero ser reservado, pero quiero que se llegue a saber toda la verdad y cuando eso ocurra probablemente nos llevemos muchas sorpresas sobre médicos, puede que religiosos y funcionarios. Saldrán nombres y pienso que nos vamos a llevar sorpresas con personas muy reconocidas a quienes se les podría imputar. También me hace pensar lo duro que va a ser cuando se llegue a saber dónde están esos niños, esas personas que no saben que fueron robados y que piensan que sus padres son los biológicos. Eso es durísimo. (FUENTE: EL PAÍS).

Un joven marroquí de 35 años perdió la vida ayer al precipitarse por el hueco que separa ambos sentidos del conocido como viaducto de los pajaritos ubicado cerca del centro comercial Artea en el municipio de Getxo. Minutos antes, el joven provocó un accidente de tráfico en el término municipal de Sopelana del que se dio a la fuga por la citada carretera. Al parecer, el joven abandonó su vehículo y cayó al vacío desde una altura aproximada de 10 metros cuando trató de saltar de un sentido circulatorio al contrario.

Los hechos se produjeron alrededor de las 22.30 horas de ayer. En ese momento, el joven conducía en sentido Bilbao por la carretera BI-634 a su paso por Sopelana. Por causas que se desconocen y que la Ertzaintza investiga, el fallecido colisionó por alcance con su vehículo de la marca Seat contra un Mercedes que le precedía. No obstante, en lugar de detenerse, la reacción del joven fue acelerar y darse a la fuga.

La huida no se prolongó en el tiempo. Tras varios kilómetros, una "dificultad mecánica" obligó al joven a detener el vehículo, ya en Getxo, en el tramo de la carretera BI-637 conocido como viaducto de los pajaritos -en referencia a los dibujos en forma de pájaros que aparecen en los paneles de contención de ruidos para evitar la colisión de las aves contra ellos-.

Mientras, el conductor del Mercedes, el otro vehículo implicado en el accidente, persiguió al coche fugado al tiempo que alertó al Centro Coordinador de SOS Deiak a través del 112, para dar constancia de lo que estaba sucediendo.

Comportamiento extraño El conductor del Seat abandonó el turismo, y deambuló por la calzada "manteniendo un comportamiento extraño", según Interior, hasta tal punto que el resto de vehículos que transitaban por la carretera se vieron obligados a modificar su trayectoria para evitar atropellarle. Después de andar varios metros de forma errática por la vía, el joven sobrepasó la barandilla del viaducto y, de un salto, trató de superar los dos metros de distancia que separan ambos sentidos circulatorios. No lo consiguió. Cayó de una altura aproximada de 10 metros impactando contra el suelo del humedal de Bolue, donde falleció antes de que llegaran los servicios de emergencias. El joven no se percató de que a escasos metros del lugar por donde intentó saltar existía una pasarela que unía ambas calzadas del viaducto.

Investigación

Poco después llegaron al lugar varias dotaciones de la Ertzaintza y de Osakidetza que se hicieron cargo de la situación. Una comisión judicial se personó en el lugar para proceder al levantamiento del cadáver, que fue conducido al Servicio de Patología Forense de Bilbao.

La Ertzaintza abrió inmediatamente una investigación para esclarecer las causas del incidente y para determinar qué llevó al joven a saltar los dos metros de distancia que separan ambos sentidos del viaducto. Descartada la hipótesis del robo- no había ninguna denuncia sobre el vehículo-, la Policía vasca elabora un atestado que, una vez concluido, será remitido al Juzgado de Getxo. (FUENTE: DEIA).