El Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo ha abierto
diligencias previas para investigar la contabilidad que ha manejado una
comunidad de vecinos de la localidad fabril a lo largo de los últimos
diez años. Presidentes de dos de los seis bloques que conforman el
llamado 'Edificio Argentina', en el que residen más de 400 vecinos y que
opera con cerca de 400.000 euros de presupuesto anual, han presentado
durante los últimos meses cuatro denuncias ante la Ertzaintza. Aseguran
que los propietarios de las viviendas han sido víctimas de una presunta
estafa de 615.000 euros durante la última década.
En concreto, acusan al anterior conserje de «cobrar cheques
en base a facturas falsas». En los últimos tres años presuntamente
estafó «54.600 euros», una suma que el mismo admitió en su finiquito. En
una carta remitida a la comunidad se «autoinculpó y exculpó al anterior
gestor de cuentas, presidentes y secretarios de cualquier
responsabilidad», afirman.
Pero los denunciantes consideran que el portero no pudo
actuar solo y que su autoinculpación es la punta del iceberg. Han
solicitado que se investigue la contabilidad de los últimos diez años,
porque creen que tiene que haber «más implicados» detrás de una
«presunta trama de elaboración de facturas de servicios no prestados por
proveedores». Y elevan la cuantía presuntamente defraudada a «615.000
euros a través de 1.800 facturas falsas».
Misma firma y sello
Los damnificados basan sus cálculos en una auditoría que
han llevado a cabo durante los últimos meses: cotejaron una por una las
facturas recogidas y contactaron con los proveedores para comprobar si
era cierto que habían realizado el trabajo. Así se encontraron con que
algunas de las empresas «no existían» y otras «negaron» haber
desempeñado esas tareas y haber emitido, por tanto, las facturas
recogidas en la contabilidad.
El modus operandi de la presunta estafa era sencillo,
siempre el mismo. De un formato de un proveedor inventado o de uno que
había realizado labores para la comunidad se hacían varias fotocopias
con diferentes cuantías y conceptos. Así, aparecen en la contabilidad
documentos «similares con la misma firma a la misma altura y sin CIF de
la empresa emisora», relatan los demandantes. Algunos de ellos han sido
llamados a declarar para conocer su versión. Incluso Hacienda está
investigando si han trabajado sin declarar.
Acceder a la contabilidad no ha sido fácil para quienes
llevan años desconfiando de la gestión de la comunidad. No fue hasta
hace dos años cuando uno de los presidentes decidió impugnar las
cuentas. El objetivo no era otro que lograr que se entregara en los
juzgados la contabilidad de ese ejercicio y así tener acceso a los
papeles que ahora están en su poder y en manos de la Justicia. (FUENTE: EL CORREO).
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