La Policía ha detenido en Palma al dueño
de una cadena de restaurantes por explotar y amenazar a sus
trabajadores, falsificar documentos para tener terrazas en la calle y
apropiarse de los embargos de las nóminas de sus empleados. El acusado
ya fue arrestado hace unos años por tener 40 trabajadores contratados de
forma irregular. Los investigadores han detenido también a dos
ayudantes del empresario.Las pesquisas se iniciaron hace varias semanas, cuando un trabajador acudió a la Jefatura de Policía para denunciar que el propietario de una cadena de restaurantes de Palma vulneraba sistemáticamente los derechos de sus empleados.
La
investigación de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo permitió
constatar que parte de los empleados, muchos de ellos sudamericanos,
estaban contratados en la modalidad de formación, lo que permite al
empresario una importante reducción en las cuotas a la Seguridad Social.
Sin embargo, estos trabajadores realizaban la misma labor que aquellos
que tenían contratos ordinarios a jornada completa.
Además de no
recibir formación alguna, se les obligaba a trabajar en horario nocturno
y fines de semana, así como a horas extras por las que no cobraban,
superando con creces el límite máximo de horas que estable la ley. Los
afectados aceptaban estas condiciones abusivas por temor a ser
despedidos.
Las pesquisas revelaron también que en los
restaurantes de la empresa se había implantado un sistema de multas a
los empleados que los encargados de los locales aplicaban a discreción.
De este modo, los trabajadores que rompían un plato o un vaso, llegaban
unos minutos tarde o no cumplían con las normas de vestimenta perdían su
derecho a la parte proporcional de las propinas.
Documentos falsos
La Policía descubrió además que el empresario había dado órdenes al personal de su oficina para falsear documentación para tener terrazas en la vía pública y estar al corriente de los pagos de las cotizaciones sociales. Para ello, se falsificaban los sellos municipales con los que se elaboraban documentos.
Por otra parte, el empresario se
adueñaba de las partes embargadas de las nóminas de sus trabajadores.
Cuando sobre uno de sus empleados pesaba un embargo judicial o
administrativo por impagos de pensiones alimenticias a sus hijos o de
créditos, el acusado detraía esa cantidad de las nóminas pero no la
ingresaba en la cuenta judicial correspondiente, sino que se la quedaba.
La
operación, llevada a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración
y Falsificación (UCRIF) de la Policía Nacional, se ha saldado con el
arresto del empresario y dos de sus ayudantes por delitos contra los
derechos de los trabajadores, amenazas, falsedad documental y amenazas.
A
la empresa investigada se le han incoado además procedimientos por la
Inspección de Trabajo por las numerosas infracciones detectadas durante
las pesquisas. No es la primera que el empresario sospechoso es acusado
de este tipo de irregularidades. Hace unos años, ya fue detenido en una
operación en la que fueron identificados cuarenta trabajadores
extranjeros de su empresa que carecían de cualquier tipo de autorización
de residencia y trabajo. (FUENTE: DIARIODEMALLORCA).
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