miércoles, 19 de septiembre de 2012

Restos de ADN en escenas del crimen podrían reconstruir el rostro de un sospechoso.

Así lo atestigua el último avance llevado a cabo por un grupo de investigadores de los Países Bajos. Su trabajo con fotografías de personas y la utilización de MRI han llegado a identificar los principales factores genéticos que contribuyen a la apariencia facial. Un trabajo que podría hacer que los investigadores y forenses sean capaces de reconstruir con una mancha de sangre en la escena del crimen a posibles sospechosos. Tal y como cuentan, en el futuro es muy posible que los retrato-robots o los testigos oculares pasen a mejor vida.
La técnica utilizada, a través de la resonancia magnética, ha sido la clave. Los investigadores de la Erasmus University Medical Centre en Rotterdam identificaron nueve claves faciales en el rostro humano, “hitos” que incluían la posición de los pómulos, la distancia entre los ojos, la altura, anchura o la longitud de la nariz. Luego, mediante el análisis de los genomas de alrededor de 10.000 individuos, se encontraron cinco genes que controlaban el posicionamiento de los nueve puntos de referencia que afectaban a su apariencia facial.

Según el profesor Manfred Kayser, quién dirigió el estudio, Estos son los primeros resultados interesantes que marcan el comienzo de la comprensión genética de la morfología facial humana. Tal vez algún día será posible dibujar un retrato fantasma de una persona únicamente a partir de su ADN, lo que ofrecerá aplicaciones interesantes, por ejemplo en la medicina forense.

Según Kayser, ya es posible predecir el color de ojos y cabello mediante el análisis de muestras de ADN. Aún así, la reconstrucción total de un retrato es muy complicada:
Nosotros sólo encontramos cinco genes porque tuvimos que limitar el alcance de nuestro estudio de los nueve puntos emblemáticos. Esperamos que haya muchos más. Se trata de una simplificación, pero tuvimos que empezar por alguna parte.
Es un objetivo muy ambicioso, pero en principio, debería ser posible. Sabemos que mientras existan más genes compartidos, más parecidos serán, de la misma forma que los gemelos son parecidos. Sólo depende de lo difícil que es encontrar estos genes.
En el futuro marcaríamos el final de los retratos-robot y mejoraríamos el actual informe de testigos oculares, los cuales son considerados actualmente como poco fiables. Está fórmula sería la más precisa.

Un estudio que trata de encontrar los factores genéticos que determinan los rasgos humanos visibles y que podría derivar en un futuro cercano en una técnica perfecta para la búsqueda de sospechosos. (FUENTE: LLANERA.COM).

lunes, 17 de septiembre de 2012

Revés final de la justicia norteamericana a España en el 'caso Prestige'.

El pasado 29 de agosto, el Gobierno recibió en los juzgados norteamericanos un revés heredado y esperado. Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de la segunda región de EE.UU. desestimó la demanda presentada en 2004 por el Reino de España contra la sociedad American Bureau of Shipping (ABS), empresa encargada de dar la certificación al 'Prestige', buque monocasco bajo bandera de Bahamas que se hundió frente a las costas gallegas en noviembre de 2002 arrojando al mar unas 63.000 toneladas de crudo que anegaron de negro la costa gallega.
Esta sentencia sella definitivamente el caso legal, al venir a confirmar otra sentencia de la juez Swain que data de agosto de 2010. La justicia americana niega, por tanto, la razón a los sucesivos gobiernos españoles (del PSOE y el PP) que han pretendido mantener viva esta causa legal pese al conocimiento de las dificultades de ganarla, y que ha costado al contribuyente español más de 150 millones de euros en gastos judiciales, según varias fuentes de solvencia conocedoras del proceso. Desde Fomento no han contestado a los insistentes requerimientos de este periódico sobre lo que ha costado ni han querido dar explicaciones sobre el tema, alegando que fue la Abogacía del Estado quien inició el proceso legal contra ABS. Pero hay que tener en cuenta que ya con la llegada del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes 'encontró' unas facturas correspondientes a este proceso judicial que por entonces (año 2005) ascendían a 30 millones de euros a cobrar por los abogados, los grandes 'beneficiados' de este caso.
La sentencia deja claro que no había relación contractual entre España y la empresa demandada
El Estado español demandó a ABS por la imposibilidad de obtener responsabilidades en otras jurisdicciones. Recordemos que el 'Prestige' estaba a nombre de una empresa fantasma radicada en Liberia aunque realmente actuaba para Grecia. La vista oral en la causa contra el capitán del barco, el heleno Apostolus Mangouras, se iniciará en Corcubión (La Coruña) el próximo 16 de octubre.
Una sentencia dura
El texto legal al que ha tenido acceso este periódico es claro y duro con el Gobierno español. España solicitaba unos 1.000 millones de indemnización a ABS, una compañía "contratada por los armadores para inspeccionar la naves y de esta forma asegurarse de su fortaleza estructural". Pero la sentencia niega la responsabilidad de ABS, así como que actuara de forma "imprudente", que era el argumento de la postura española. Recuerda que el Reino de España y ABS en ningún momento mantuvieron ninguna responsabilidad contractual, que la empresa americana sí mantenía, sin embargo, con el armador del barco.
La aventura legal americana tenía "poca base" y posibilidades de llegar a buen puerto, según los expertos
Fuentes consultadas por Vozpópuli consideran que se ha hecho definitivo el fracaso del Estado español en su intento de enmendar el error que, aseguran, tuvo el propio Ministerio del Interior -dirigido en 2002 por Francisco Álvarez Cascos- al alejar el 'Prestige' de la costa española para posteriormente volverlo a acercar "por imperativo de Francia y Reino Unido". Estos sucesivos movimientos "destrozaron el barco y fueron responsable directo de la mayoría del derrame, que hubiera sido mucho menor de haberse abordado la crisis de otra manera", aseguran estas fuentes.
José Luis Goñi, fundador del despacho Goñi (especialista en derecho marítimo y que ha asesorado a ABS en España), no tiene claro si finalmente el Estado español deberá pagar las costas de esta última sentencia, ya que "en Estados Unidos suele decidirse quien paga las costas con posterioridad a darse la sentencia. El jurista sí que cree que la reclamación del Gobierno español "tenía muy poca base desde mi punto de vista", ya que quedaba bastante claro que "EEUU no tenía competencia" para enjuiciar este caso.
También el PSOE tiene que decir
Curiosamente, el caso 'Prestige' se inició siendo Rajoy ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Aznar y la aventura legal en Estados Unidos acaba con Rajoy como presidente. Pero, entre medias, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero también ha tenido que ver, ya que la propia empresa ABS contactó con ellos para tratar de sellar de forma amistosa el litigio mediante una compensación económica, a lo que el Ejecutivo socialista se negó. El propio Goñi asegura que "el Gobierno español, sea del color que sea, es siempre contrario a cerrar los acuerdos de forma amistosa". Y en ocasiones, como esta, acaba provocando un gasto mucho mayor al contribuyente del que podía haberse producido. (FUENTE: VOZPÓPULI.COM).

viernes, 14 de septiembre de 2012

El forense Paco Etxeberria defiende cambiar los protocolos de la Policía científica.

El forense vasco Paco Etxeberria, cuyo informe dio un vuelco al caso de los niños de Córdoba desaparecidos, ha defendido que se cambien los protocolos de la Policía para evitar que se sucedan los errores de este caso.
Etxeberria determinó que los restos óseos hallados en una hoguera en la finca de Las Quemadillas (Córdoba) pertenecen a dos niños de 2 y 6 años (la edad de Ruth y José), frente al primer análisis de la Policía científica, que consideró que eran de pequeños roedores.
Entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y subdirector del Instituto Vasco de Criminología ha defendido el trabajo de la Policía científica: "Lo de Ruth y José ha sido un caso aislado, conozco a la Policía científica y es gente muy cualificada, los genetistas son de primer nivel, juegan en la liga internacional".
De todos modos, ha abogado por cambiar los protocolos de actuación y ha puesto el ejemplo de Chile, donde se piden "informes integrales", es decir, "se reúne a todos los técnicos y juntos tienen que resolver todas las dudas".
En el caso de los niños de Córdoba, se han realizado hasta cinco informes diferentes sobre los restos óseos de Las Quemadillas. Salvo el inicial, todos los demás han demostrado que son humanos.
Etxeberria ha explicado asimismo que será muy difícil lograr restos de ADN en la hoguera. "Por encima de los 100 ºC hay problemas para lograrlo, si superamos los 300 ºC es imposible, y en este caso la hoguera ha superado los 600 ºC". Sin embargo, ha instado a intentarlo para "no cerrar una puerta". (FUENTE: EITB.COM).

jueves, 13 de septiembre de 2012

Afrenta a Leo Messi manipulando una nota suya manuscrita mostrada por internet.



Mientras Leo Messi volvía a ser objeto de una nueva afrenta por parte de un grupo minoritario de seguidores locales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) pedía perdón este martes ante Argentina por el ataque sufrido por el autocar de la albiceleste la noche del lunes a la salida del Estadio Nacional de Lima, donde los hombres de Alejandro Sabella habían entrenado de cara a su partido premundialista con la bicolor.
Las disculpas fueron ofrecidas personalmente por los dirigentes peruanos a los dirigentes argentinos que acompañan a la albiceleste y posteriormente a través de la cuenta de Twitter de la FPF.
"Como dueños de casa, ofrecemos nuestra más sinceras disculpas a todos y cada uno de los integrantes de la delegación argentina", señaló la FPF.

El autocar de la albiceleste, apedreado

Cabe recordar que unos desconocidos lanzaron piedras contra el autocar que transportaba a la selección argentina y rompieron algunos cristales del vehículo, aunque el incidente no pasó a mayores y fue repudiado de manera unánime por los medios locales y el grueso de aficionados.
Sin embargo, un grupo minoritario de estos había recibido a Messi con gritos de "Cristiano, Cristiano" a su llegada al aeropuerto de Lima.
Fotografía trucada y mensaje hiriente

Además, ha manipulado una fotografía de Leo tomada 2011, en la que Messi saludaba a los usuarios de Twitter mediante una nota autografiada. Los seguidores en cuestión trucaron la imagen y escribieron un mensaje hiriente sobre la firma de Leo con intención de dañar su imagen.
Sin embargo, el tiro les ha salido por la culata, por cuanto han sido sido censurados de forma implacable a través de las redes sociales, donde lanzaron su ataque. (FUENTE: MUNDO DEPORTIVO).

miércoles, 12 de septiembre de 2012

La Policía detiene a un ex ingeniero jefe del Puerto de Málaga por un presunto caso de corrupción

Aguas turbias en el Puerto de Málaga, que desde hace un año está en el punto de mira de la Fiscalía. El despido del anterior jefe de Infraestructuras por supuestas ilegalidades en la contratación de obras ha derivado en una operación policial por un presunto caso de corrupción que ayer se saldó con la detención de este ingeniero. Según pudo confirmar este periódico, esta actuación de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía se produjo en el marco de la bautizada como 'operación Dársena', llevada a cabo por la sección de blanqueo de capitales de la Udyco de la Costa del Sol, en coordinación con la Fiscalía.
Según las fuentes consultadas, los agentes policiales se incautaron de diversa documentación en la casa del detenido -que responde a las iniciales J. P. G. F.- que tendrá que ser analizada ahora por los responsables de la operación.
El origen de este caso hay que buscarlo en el arranque del verano del año pasado cuando saltaron a la palestra informativa las circunstancias que rodearon al despido del ahora detenido. A raíz de la acción judicial emprendida por éste contra la Autoridad Portuaria contra lo que consideraba una actuación injustificada y desproporcionada, se pusieron de manifiesto posibles ilegalidades en la contratación de obras que llevaron a la Fiscalía a solicitar al Puerto diversa documentación.
Todo comenzó tres años antes, el 13 de febrero de 2008, a raíz de la colisión del barco tanque Stolt Capability (en la foto) contra el atracadero sur de cruceros, cuando realizaba una maniobra bajo un fuerte temporal de levante. El suceso dañó gravemente la estructura del muelle, que había sido inaugurado apenas dos meses antes. Fue necesario inspeccionar el estado de esta infraestructura para determinar los daños causados, y ahí se abrieron los interrogantes.
Inspección submarina
Los técnicos encargados de la inspección submarina comprobaron que bajo las aguas se habían hecho unas obras que no se correspondían con el proyecto contratado y abonado a la empresa constructora. En concreto, lo que tenían que ser 54 pilotes de 1,5 metros de diámetro tenían en realidad un grosor de 1,4 metros, y 33 columnas de un metro de sección eran 28. La Inspección de Puertos del Estado, del Ministerio de Fomento, concretó en 515.182 euros lo que se abonó a la firma sin que ello se tradujera en las obras ejecutadas.
Una vez constatada esta irregularidad, el Puerto inició un proceso para depurar responsabilidades que se materializó en el despido en enero de 2011 del ahora detenido. Su recurso ante el Juzgado de lo Social número de 2 Málaga reafirmó la actuación en su contra de la Autoridad Portuaria y sirvió para dar traslado del caso a la Fiscalía por si los hechos podrían ser constitutivos de un delito.
De nada sirvió su argumento de que el dinero pagado de más a la constructora sirvió para compensar otros trabajos realizados por encima de lo contratado en otro lugar del puerto. Ese exceso de precio fue cuantificado por la empresa en 1.124.370 euros. Sin embargo, la constructora llegó a un acuerdo con el ingeniero para cobrar únicamente la cantidad de 447.000 euros falsificando otras unidades de obra, es decir, haciendo menos pilotes de los proyectados. El técnico argumentó en su defensa que, de este modo, ahorraba 677.370 euros a las arcas portuarias. No obstante, con un modo de actuar que le costó el puesto y ahora ser detenido.
Práctica «habitual»
Las sospechas de la Fiscalía pudieron verse incrementadas por el testimonio de algunas de las personas que prestaron declaración en defensa del ingeniero. Un exdirector del Puerto llegó a declarar que le parecía adecuada la compensación a la firma por las obras extras «conforme a lo que manifestó ser un procedimiento habitual, aun cuando irregular, en la liquidación de obras públicas realizadas en el Puerto», señala la sentencia del juzgado que avaló el despido del ahora detenido. En el mismo sentido, un expresidente de la Autoridad Portuaria declaró que en su etapa al frente de la institución era «habitual», en casos de superación del presupuesto de las obras, imputar los costos extras a otras partidas mediante la posibilidad de utilizar el 10% del presupuesto de la obra.
En los próximos días se verá cómo evoluciona esta 'operación Dársena' y las posibles implicaciones que pudiera destapar de otros responsables de la Autoridad Portuaria. (FUENTE: DIARIO SUR).

lunes, 10 de septiembre de 2012

¿Quién mató al exalcalde de La Gineta?.

Al exalcalde de La Gineta (Albacete) lo mataron en abril y su escurridizo asesino sigue campando a sus anchas. Un crimen sembrado de enigmas que mantienen en vilo a los 2.000 vecinos de este municipio manchego y que es la comidilla de los bares de la zona, donde se cruzan cábalas y conjeturas sobre por qué y quién mató a Marcial Hidalgo.
El asesino intentó despistar a los investigadores con una prueba falsa en el mismo escenario del crimen: dejó el arma homicida al lado del cadáver, simulando un suicidio. Pero no, a Marcial, de 63 años, le descerrajaron un tiro en el cuello y, ya abatido, le remataron con otro en el corazón. A las puertas de su enorme cortijada (210 hectáreas ricas en viñedos, allí donde muere la provincia de Cuenca y se confunde con la de Albacete). El asesinato de Marcial se ha convertido en un drama rural que ha destapado rencillas entre vecinos, mientras la falta de respuestas ha obligado a la Guardia Civil a echar mano de la UCO, la elitista unidad anticrimen del instituto armado.
Dos familias del término municipal de La Gineta viven desde el pasado 23 de abril, fecha del crimen, en un sinvivir que no presagia nada bueno. La viuda y los dos hijos del fallecido no quieren ni ver al aparcero al que tienen arrendada parte de la finca en la que fue hallado el cadáver. Ambas partes se lanzan y sugieren acusaciones. Al único que ha imputado formalmente la Guardia Civil es al inquilino de las tierras, Orencio M. R., de 48 años. Hay sospechas, pero ninguna prueba sólida contra él. Con lo que hay hasta ahora, en un juicio saldría absuelto, según los expertos.
La Guardia Civil ha rastreado varias líneas de investigación. De momento, estériles. Y trata de acallar las quejas de los hijos de Marcial, Alonso y Sebastián, ante la ausencia de resultados con la promesa de una pronta intervención de la UCO. Alonso, el hijo mayor, está indignado. Él sí ve suficientes pruebas en las contradicciones en que ha incurrido Orencio en los tres interrogatorios a los que le ha sometido la Guardia Civil. “¡Que vengan ya los de la UCO y encuentren las pruebas para meterle en la cárcel porque, si no, sé que me voy a buscar una ruina!”, avisa.
Los agentes interrogaron como imputado al aparcero de las tierras del exregidor, pero no tienen pruebas sólidas
Marcial fue alcalde de La Gineta entre 1987 y 1991 por la extinta Alianza Popular de Fraga, partido del que se salió para fundar y presidir otro de tinte independiente, que es el que ahora gobierna en La Gineta en coalición con el PP. Aunque algunos vecinos veían en Marcial a una persona “muy soberbia” y, en palabras telefónicas de Orencio, capaz del “suicidio” si siente amenazado su patrimonio, la Guardia Civil señala en un informe que “no se le conocían enemigos”. Últimamente estaba entregado a sus nietos y a las labores del segmento de la finca sin arrendar. Aparentemente, no tenía problemas con su aparcero, con el que pactó una renta anual de 70.000 euros por explotar 140 de las 210 hectáreas del cortijo. El móvil económico, impagos, parece difuminado porque Orencio, aunque con algún atraso, le abonaba todas las rentas. Él y Orencio se veían con frecuencia en la finca, donde el aparcero también tiene su casa a 1,5 kilómetros de distancia y emplea a numerosos inmigrantes para las tareas agrícolas.
Las sospechas sobre Orencio se basan en las contradicciones de sus testimonios, aunque bien pudieran ser fruto de olvidos o matices de redacción del atestado, sugieren fuentes de la investigación a EL PAÍS. El hecho es que el juez, del partido judicial de San Clemente, ni siquiera le ha interrogado aún, ni a él ni a nadie. En medio de esta nebulosa de enigmas, ni siquiera los dos hijos de Marcial han escapado a la lupa de los investigadores, que analizaron sus ubicaciones físicas a través de las llamadas y posición de sus móviles, que funcionan como una especie de GPS y que ha servido a la Guardia Civil para, de momento, descartar la implicación de la familia. También pincharon teléfonos.
Por ejemplo, una conversación que revela la buena relación que existe entre un mando de la Guardia Civil de Casas de Benítez, término en el que se enclava la finca, y Orencio, así como otros diálogos en los que el aparcero habla de supuestos avales bancarios que le vencían a Marcial, y de inquinas con sus hijos. “Todo es absolutamente falso”, se encrespa Alonso. Sus palabras contienen ira y le salen insultos hacia Orencio. Solo quiere verle en la cárcel y fuera de sus tierras. Está convencido de que fue él, pero no hay pruebas.
El pasado 23 de abril, Josefina, la viuda de Marcial, llegó cargada con dos bolsas de compras al caserón de la finca, denominada El Peñón. Su marido yacía en el suelo, boca arriba, en el exterior de la casa, al lado de grandes matas de lilas en flor. No había sangre visible. Empezó a moverlo y golpearle en el pecho, pero Marcial no se movía. Y a chillar en medio de tierras casi deshabitadas, clamando auxilio. La oyó Pedro Antonio A., un tractorista que labraba en la zona. Pasaban pocos minutos de las once de la mañana. Al lado del cadáver, una antiquísima pistola de origen francés de 6,5 milímetros. Pequeña, pero de las que matan. El tractorista telefoneó a Orencio, que estaba junto a su esposa, Nadiya, en otro caserón de la misma finca, a 1,5 kilómetros de allí. “Avisa a las urgencias del 112, estoy con Josefina, que está muy nerviosa”. Los chillidos se oían al otro lado del teléfono.
Orencio llamó al 112 y se fue para la finca: “No pases, se ha pegado un tiro, tiene la pistola a su lado”, le soltó el tractorista cuando llegó a la puerta del caserón. Pedro le pasó su móvil. Al otro lado, una operadora del 112, que seguía intentando averiguar cómo podían llegar allí las ambulancias. Sujetando con una mano el móvil mientras hablaba con el 112, Orencio se acercó hacia Josefina, que seguía de rodillas ante el cadáver de Marcial, tratando de reanimarle. Le suplicó ayuda. “Qué maniobras de reanimación vamos a hacer si está aquí la pistola…”, le espetó Orencio, cogiendo el arma del suelo por el cañón y mostrándosela a la viuda. “Esa pistola no es nuestra, no es de mi marido, nunca la he visto”, repuso Josefina, aún fuera de sí.
“¡Pero qué haces, es que tú no ves las películas… no toques la pistola!”, le vocearon Pedro y otro tractorista que se había acercado al caserón al oír los gritos. “Tienes que decírselo a la Guardia Civil”, le advirtieron. “Era para ver si estaba fría o caliente”, se justificó luego. Una hora después llegaron al lugar del óbito, desde Albacete, donde ambos trabajan, los dos hijos de Marcial. Ya estaban allí la Guardia Civil y las asistencias.
La prueba policial científica de la parafina ha revelado la existencia de pólvora, pero no solo en las manos de Orencio: también en las de la viuda Josefina y en la de Sebastián, el hijo menor. Pero los expertos lo atribuyen al contacto que ambos tuvieron con el cadáver en el suelo. “Me parece bien que nos hayan investigado a nosotros, si con ello logramos que se den los pasos necesarios para llegar hasta el culpable, pero ya han pasado cuatro meses y seguimos igual”, subraya Alonso, el mayor.
Al entierro del exalcalde de La Gineta acudieron algunas autoridades de Cuenca y Albacete y altos cargos provinciales del PP. Marcial era muy conocido e incluso había hecho dinero. Cuando un incendio devastó su fábrica de sillas el seguro lo indemnizó con generosidad. Parte del dinero lo invirtió en la compra de la finca.
Los días pasan y su “asesino, sea quien sea, sigue suelto”, denuncia José Miguel Ayllón, presidente de la Asociación de Víctimas de Delitos Violentos, que lamenta el descenso en las últimas décadas de Guardia Civil en el mundo rural y sus cortijadas. Seis tomos, unos 2.000 folios, ocupa el sumario que instruye el juzgado de San Clemente (Cuenca), señala Antonio Núñez Polo, que se acaba de hacer cargo del caso en nombre de la familia. El pasado 31 de julio se levantó el secreto sumarial, en el que hay grabaciones telefónicas con indicios, pero sin certezas, como la conversación de Orencio con una operadora del 112 en la que este, desde su casa y antes siquiera de llegar a donde estaba Marcial, le dice que el cadáver no tiene ninguna constante vital.
Desde hace cuatro meses, los hijos vienen convocando concentraciones vecinales en La Gineta para exigir respuestas. El próximo día 29 será la siguiente. (FUENTE: EL PAÍS).

viernes, 7 de septiembre de 2012

El puerto de Valencia principal puerta de entrada de la droga del sur de Europa.

El teniente Benítez defiende una consigna tan obvia como certera. “La coca es muy mala y mueve mucho dinero. No conviene olvidarlo…”. Desde un espartano despacho en el cuartel de Cantarranas, en el barrio valenciano de Natzaret, el jefe de la sección fiscal del puerto de Valencia, traza a diario la estrategia para blindar la entrada del polvo blanco. Pilota a más de cien guardias civiles, que rotan con periodicidad imprevisible para “evitar problemas y tentaciones”. El escenario son las despejadas instalaciones portuarias, una superficie que equivale a 600 campos de fútbol y que pasa por encabezar en España el tráfico de contenedores: cerca de 2.000 diarios, según la Aduana Marítima.
El instituto armado y el teniente Benítez saben que el liderazgo comercial del puerto —64 millones de toneladas anuales— y las conexiones con países calientes de Sudamérica son una ecuación peligrosa. Valencia actúa como enlace de inversiones y también de punto estratégico en la ruta de la cocaína. La Aduana Marítima incautó desde el inicio de la crisis, en 2008, 9.615 kilos de cocaína, el 38,6% de todas las aprehensiones en España, según este organismo que depende de la Agencia Tributaria y que confirma que el puerto valenciano podría ser, tras el de Amberes, la segunda frontera comunitaria de la cocaína. Detrás se situarían Rotterdam, Barcelona y Tarragona.
Valencia actúa como enlace de inversiones y también de punto estratégico en la ruta de la cocaína
La concesión condicional del podría no es gratuita. La Guardia Civil defiende que no existe (necesariamente) una relación entre las cantidades incautadas y el tráfico real. “Las aprehensiones han aumentado por el incremento comercial y la eficacia [de los registros]”, añade Marta Catalán, administradora de la Aduana Marítima, que quita hierro a un informe de la ONU elaborado con datos de 2007 que situaba a Valencia como el colador europeo de la droga. La Aduana, además, dice manejar informes que apuntan a la tendencia de los narcos a reducir los cargamentos para aminorar el impacto económico de las capturas y el desvío a rutas alternativas por el efecto “de la colaboración policial”.
Son las 12.00. El cóctel de humedad y calor asfixia. Un guardia civil supervisa la apertura de 30 camiones en la zona de control aduanero, donde se escrutan uno de cada cinco contenedores de entrada. Abrir todas las cargas resulta imposible: exigiría multiplicar por 20 los agentes, retrasaría los envíos tres horas y encarecería 1.000 euros los portes de cada contenedor. “Realmente se revisan todas las mercancías de riesgo”, matiza José Manuel Parra, de la contrata FCC Logística, cuyos operarios —todos civiles— refuerzan el trabajo de los agentes de la Aduana y la Guardia Civil. Se comprueban permisos y la carga, una titánica labor que abarca desde detectar falsificaciones de la última versión del iPhone a frenar la entrada de plagas de una partida de bonsáis. El equipo tiene la misión de identificar los dos contenedores con sorpresa —droga— que de media recalan mensualmente en Valencia. Los registros combinan el carácter aleatorio con la revisión a conciencia de las mercancías procedentes de Perú, Costa Rica, Ecuador y Colombia, que fueron en 2011 los principales emisores de la droga que recaló en España a través de Valencia.
Abrir todas las cargas resulta imposible: exigiría multiplicar por 20 los agentes, retrasaría los envíos tres horas y encarecería 1.000 euros los portes
Cuando la revisión ocular no es suficiente o existen indicios de una entrada por un chivatazo de las policías Europol, Interpol o la DEA, la agencia antidroga estadounidense, el contenedor puede ser sometido al casi infalible escáner, una máquina gigante controlada por un par de experimentados operarios de la Agencia Tributaria y el instituto armado que desgrana los detalles de un contenedor, sus posibles dobles fondos y eventuales recovecos para esconder la droga. EL PAÍS asiste al funcionamiento del avanzado aparato, pero se ocultan detalles aduciendo motivos de seguridad. El escáner permitió hace unos meses descubrir una hilera de fardos de cocaína incrustados en el falso techo de un camión. El transportista, como en la mayoría de los casos, no fue detenido, ya que se le consideró un mero operario que desconocía el contenido de la carga.
Tirar del hilo que conduce hasta la pirámide del clan mafioso es una tarea minuciosa. Exige rastrear tarjetas de crédito, cuentas y empresas. En ocasiones, el puerto de Valencia representa la pieza suelta de un puzzle donde la discreción y la colaboración policial son claves. La madrugada de la jornada que este periódico visitó el puerto se incautaron 90 kilos de cocaína. La aprehensión apenas trascendió para no frustrar una investigación de largo recorrido. “Hay veces que es complicado y la investigación puede llegar hasta donde puede llegar”, admite el teniente Moisés de la Guardia Civil, que niega la presunta rivalidad con la Policía Nacional en las operaciones de narcotráfico.
La tenacidad supone otro factor clave, como recuerda un agente con más de dos décadas de experiencia. “Tras un exhaustivo registro en un chalé a las afueras de Valencia donde no encontramos nada, volvimos días después con el perro, que se puso a ladrar de forma violenta junto a la pared. El olor le venía del enchufe, que actuaba como transmisor del techo. Rompimos la talla y comenzó a nevar”, recuerda apasionado.
El escáner permitió hace unos meses descubrir una hilera de fardos de cocaína incrustados en el falso techo de un camión
Las mafias se reinventan para colocar la mercancía. De métodos sofisticados como impregnar el polvo blanco en la ropa o diluirlo en un champú al rudimentario gancho libre, que gana enteros en el puerto de Valencia, según fuentes policiales. Su funcionamiento es sencillo. Antes de pasar la revisión aduanera, a plena luz, se extrae la bolsa con cocaína de un contenedor con mercancía convencional. Se sustituye el precinto de seguridad en una de las zonas de sombra (sin cámaras) y la carga pasa desapercibida los controles. El cambiazo requiere de la participación de dos a cuatro personas, según la Guardia Civil, con una probabilidad muy alta de que se trate de profesionales que se mueve con facilidad por un puerto, que genera 15.000 empleos directos e indirectos, según Valenciaport. “Sé que hay personas dentro [del puerto] que están en el ajo, pero no puedo probarlo”, explica un responsable del instituto armado que participó hace unos meses en la captura de 7.000 kilos de hachís camuflados en unos tubos de invernadero y que requirió la contratación de un mecánico con una radial.
La Guardia Civil que opera en el puerto de Valencia admite que la crisis facilita la labor de captación de los narcos. Un correo, el encargado de transportar un cargamento, cobra una media de 6.000 euros por llevar cinco kilos de cocaína, que se venden en el mercado primario por 250.000 euros. Es el primer eslabón de la cadena (90% de pureza). El precio de la mercancía se multiplica por 10 cuando cambia de manos, desciende a los adinerados ambientes y se adultera con sustancias como cal de la pared o matarratas.
Las mareantes cifras del ingente negocio de la cocaína suscitan una pregunta. ¿Quién controla al controlador? El teniente Benítez admite la complejidad de escrutar todas las piezas de su engranaje. De apariencia afable y responsable, el mando pone la mano en el fuego por sus cien agentes. Piensa en su trabajo “día y noche”. Un compañero suyo explica bajo anonimato por qué nunca aceptaría la oferta de un narco. “Primero te prometen 3.000 euros por hacer la vista gorda, luego 1.500, y más tarde, 100. Si aceptas, la has cagado. Acabarás trabajando gratis para unos delincuentes y con la amenaza de que asesinen a tu familia”. (FUENTE: EL PAÍS).

miércoles, 5 de septiembre de 2012

Pericial caligráfica y documento firmado con anterioridad a su fecha.

DUDA PLANTEADA:
Busco saber si una pericial caligráfica puede determinar que un documento público ha sido firmado el 30 de agosto pero indicando en el mismo fecha de 20 de junio, con el objeto de evitar una demanda laboral de disolución de contrato e indemnización de 45 días por incumplimiento de la empresa, y el consiguiente perjuicio económico para los trabajadores, a los que no les queda sino esperar un despido objetivo, lo que reduce seriamente sus expectativas de indemnización. La Entidad contratante es un Ente de Derecho Público. ¿Se puede? 

RESPUESTA:
La pericial caligráfica trata de averiguar la autoría de una firma, rúbrica y/o documento dubitado (de los que se duda) ante la posibilidad de una suplantación de personalidad, cotejando con otro(s) indubitado(s). En el caso que se plantea no sería posible comprobar a través de una pericial caligráfica, ya que se trata de un aspecto temporal y no grafístico. Hay una posibilidad y es que entre ambas fechas (20 de junio y 30 de agosto), el trabajador firmante haya sufrido algún percance en su salud que se pueda detectar en su escritura, pero no deja de ser un caso muy especial.

En cualquier caso para emitir una opinión más detallada es necesario ver el documento, ya que un estudio del mismo a través de técnicas documentoscópicas podría arrojar resultados; es decir, la investigación del hecho planteado debe realizarse estudiando posibles manipulaciones del documento y su contenido (estampaciones de sellos, "copia y pega", etc.) más que en las propias grafías.

lunes, 3 de septiembre de 2012

Los intentos de fraude a las compañías de seguros crecen con la crisis.

Josep María Vilamajò lleva 40 años en el oficio de investigador privado y ya hay pocas cosas que le sorprendan, pero el caso que a continuación detalla le dejó perplejo. Hace un año, una compañía de seguros le encargó el caso de un hombre que había perdido un brazo en un accidente de coche; aludía que se había cortado con la sierra mecánica que transportaba. Resolverlo no fue demasiado complicado: el corte era demasiado limpio como para habérselo hecho en un accidente; y un dedo de la mano estaba en sospechoso mal estado.
El hombre pertenecía a una familia, de Valencia, en la que todos estaban en paro. Habían suscrito más de ocho pólizas de seguro y le habían convencido entre todos para que se amputara un brazo para cobrar en torno a 600.000 euros.
El hombre bajó al bar a tomarse un carajillo, se aplicó una anestesia local y se cortó el brazo a la altura del codo. Olvidó retirar el anillo de boda antes de amputarse la extremidad. Intentó recuperarlo a posteriori, lastimando el dedo.
El caso es de una crudeza brutal y resulta, a todas luces, extremo. Pero pertenece a esa nueva categoría de fraude que ha emergido con la crisis: el que se lleva a cabo por necesidad económica. “Con la crisis se ha producido un aumento del fraude de entre el 25% y el 30%”, asegura Javier Fernández, portavoz de la Asociación Empresarial del Seguro Unespa.
En 2003 se produjeron 54.114 intentos de fraude; en 2011, 130.959
Las aseguradoras solían diferenciar entre defraudadores profesionales y ocasionales. El grupo Zurich presentó el pasado mes de marzo un informe en el que destacaba la aparición de un nuevo tipo de defraudador: el que lo es por necesidad. “Ahora, este tipo de asegurado traslada una deuda o sus malos resultados en el negocio a su seguro”, explica Carlos Palos, director de Siniestros de Zurich. “Cobrar una indemnización se convierte en una manera de percibir dinero”, añade.
Según los datos que maneja ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones), en 2003 se produjeron 54.114 intentos de fraude; en 2011, mucho más de doble, 130.959. “El fraude se ha incrementado sobre todo en los colectivos que más han sufrido los efectos de la crisis: las pymes y los jóvenes menores de 26 años”, apunta Francisco Valencia, director de gobierno corporativo de Línea Directa.
El aumento de los casos también obedece al hecho de que se investiga más y, por tanto, aparece más fraude. “Las aseguradoras han destinado un 17% más de recursos a la investigación”, confirma el portavoz de Unespa. Las compañías han reforzado sus departamentos de detección de fraude, han implantado programas informáticos que emiten alertas sobre casos potenciales, pero, en muchas ocasiones, tienen que recurrir a investigadores privados. Los seguimientos a defraudadores permiten grabar imágenes que destapan montajes y evitan que la aseguradora pague un solo euro.
Vilamajò hace un hueco al humor y recuerda entre risas un caso sonado, hace dos años, en Sevilla. Un hombre en supuesto estado catatónico se presentó en silla de ruedas, auxiliado por un familiar, ante el juez. Este dio orden en la sala de que proyectaran el vídeo que había conseguido grabar un agente de Winterman. El hombre en supuesto estado catatónico aparecía en su finca de recreo, en perfecto estado de forma, subido a un olivo.
Un presunto catatónico fue filmado subido a un olivo
Fraudes hay de todos los colores. Como el que se produjo en 2009 con una chica de unos 22 años, castellana, que alegó que le había mordido un perro y que no podía poner un pie en la calle ni ir a trabajar por la fobia a los perros que había desarrollado. La compañía tenía que pagarle entre 70 y 100 euros diarios, recuerda Vilamajò, por lo que ella dejaba de ingresar como consecuencia del accidente.
Un seguimiento de la agencia permitió descubrir que la chica salía de casa sin ningún problema. Todos los días, se iba tan pancha a trabajar. A una peluquería canina.
No cobró un euro.
Los detectives han encontrado un filón para resolver casos: las redes sociales. “Deberían ser las patronas de los investigadores”, dice en broma Vilamajò. Mariano Paradell, que cuenta con 50 detectives en su agencia, Grupo Paradell, recuerda cómo, este invierno, una foto de Facebook de dos jóvenes tomando cubatas juntos ayudó a destapar un montaje. Esos dos jóvenes habían dado parte de un accidente en una rotonda. En cada coche viajaban cinco pasajeros. El choque generó nueve bajas por latigazo cervical. Cada uno suponía 5.000 euros de indemnización. Importe total del montaje: 45.000 euros. Adujeron que no se conocían de nada, pero se desmostró que estaban compinchados.
“Esto ocurre a diario. España, Portugal, Grecia e Italia son países fraudulentos por naturaleza”, apunta Paradell, “si se comparan con los nórdicos o los japoneses”. El pícaro español sigue vivo. “Además, como las compañías muchas veces no denuncian, ni la fiscalía toma cartas en el asunto, esto se ha convertido en la gallina de los huevos de oro”, sostiene. “El defraudador sabe que no hay un gran riesgo”, explica, “que es poco probable que le pase nada por estafar a una compañía”.
Carlos Palos, de Zurich, dice sin embargo que esto está cambiando. Las aseguradoras se ven obligadas a investigar cada vez más los llamados “casos de menor cuantía” porque son estos los que crecen de manera notable en tiempos de crisis.
La situación económica genera, además, cambios en la tipología de casos. “Se investigan menos bajas ficticias”, dice Paradell, “la gente no se atreve a hacer el tonto para no perder su trabajo”, añade.
Y crecen los incendios en negocios que quieren salvar lo que puedan por la vía de cobrar una indemnización. Vilamajò explica que su agencia tiene entre manos la investigación de cuatro fuegos en tiendas de chinos que han encontrado en ellos la fórmula, dice, “para solucionar su salida”. Queman la tienda, cobran y se van de un país que, económicamente, ya no es lo que era. (FUENTE: EL PAÍS).