La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han intervenido 440.000 euros y bloqueado más de 400 inmuebles y 80 vehículos en la operación contra el blanqueo de capitales denominada 'Caballo de Troya', en la que han sido detenidas la pasada semana 15 personas, 7 de ellas en Madrid. Esta operación fue ordenada por el Juzgado número 2 de Santiago de Compostela y deriva de la 'Operación Crucero', en la que fueron detenidos en diciembre el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el empresario Ángel de Cabo, acusado de comprar Viajes Marsans al otro empresario para ocultar sus bienes a los acreedores.

De Cabo, que fue detenido por estos hechos a pesar de encontrase ya en prisión, es, según la Policía, el principal responsable de este entramado, ya que supuestamente manejaba la información e impartía instrucciones, figurando como administrador, apoderado o socio de numerosas sociedades mercantiles que conforman el entramado empresarial de esta organización.

El entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores. Tenían su sede en Valencia aunque operaban a través de numerosos registros mercantiles en diferentes puntos de España.

De hecho las detenciones fueron practicadas, una, en la localidad de Coirós (A Coruña), dos en Ponferrada (León), siete en Madrid y cinco en la provincia de Valencia, lugares en los que, durante los registros, fueron intervenidos 440.000 euros -en efectivo, pagarés y cheques-, gran cantidad de documentación, un revólver con munición y varios ordenadores.

La detección por parte de los agentes de la venta de un hotel de lujo en Santiago de Compostela -por el simbólico precio de 2 euros- fue la alerta para centrar sus investigaciones en las actividades de un grupo de individuos organizados, jerarquizados y estable desde hace años, que se dedicaba a la compra de empresas con importantes problemas económicos.

Adquirían las mercantiles sin realizar desembolso o contraprestación alguna o siendo ésta mínima, aparentemente con el objetivo de establecer un plan de viabilidad que permitiera reconducir su situación financiera. Tras adquirir dichas empresas, sus nuevos propietarios solicitaban el concurso de acreedores, comprobándose que los nuevos administradores, en connivencia con los antiguos, adoptaban decisiones tendentes a evitar la responsabilidad económica mediante la descapitalización de activos de la empresa. De este modo evitaban que los mismos pudieran ser utilizados para satisfacer las deudas contraídas con los acreedores. (FUENTE: MADRIDIARIO).