A veces, necesitamos enfrentar un rostro cándido como el de
la actriz Pola Kinski al del mismísimo diablo, interpretado tantas
veces por su padre, para imaginar monstruos capaces de violar a sus
hijos; precisamos leer en una prestigiosa editorial una historia
repugnante de abusos continuados durante 14 años para poder creerla. El
abrazo implacable, la mano pequeña forzada sobre el cuerpo adulto, el
gran Klaus Kinski, símbolo del cine alemán, reducido a un sapo que
tortura con su lengua y maltrata a su «muñequita», su «ángel»... La
autobiografía "Kindermund" (Boca infantil) ha sido uno de los libros más
leídos y comentados este mes en Europa. El título podría haber sido más
agresivo, pero Pola ha querido hacer un guiño al refrán alemán "de la
boca de un niño sale la verdad" «porque a muchos no les creen». Jesús es
uno de tantos. Ha contado varias veces en los juzgados españoles lo que
su papá le hacía. La primera, con 3 años. Un forense sin
especialización en psicología infantil concluyó, tras una sola sesión,
que era imposible valorar la credibilidad de su relato.
Su madre, divorciada, siguió denunciándolo sin éxito. En
estas, su ex solicitó la custodia de Jesús y su hermanito. No se la
dieron, pero desde diciembre de 2010 a septiembre de 2011 los encuentros
dejaron de estar vigilados. El crío contó en un hospital público que su
padre ahora también abusaba de Pablo, el pequeño. Marta interpuso en
ese periodo cuatro denuncias donde Jesús describe el horror sin la
poesía de Pola Kinski: «Estábamos los tres desnudos, a mí también me
había puesto crema y luego me introdujo el mismo palo. Mi padre me chupa
por todo el cuerpo y luego me obliga a chuparle a él... me mandaba que
le tocara...».
El juez solicitó un nuevo informe al psicólogo de Jesús,
que confirmó síntomas de abuso sexual. El niño, ya con 6 años, volvió a
contárselo todo al magistrado, a la fiscal y a la psicóloga del juzgado.
Y les pidió que le creyesen. Pero no lo hicieron. En un nuevo "examen
de credibilidad", otra profesional sin especialización puso en duda sus
palabras. El caso se sobreseyó y el padre volvió a pedir la custodia. Se
la han denegado. La buena llegaba por carta hace diez días: «Las
visitas se vuelven a hacer en un punto de encuentro. Dentro de tanta
injusticia, es un alivio», respira Marta.
Pero a Jesús, que ha cumplido ya 8 años, no le vale. «¿Por
qué no le castigan? Me hace mucho daño. ¿No vale mi palabra para nada?»,
le asalta a su madre. Marta, 33 años consumidos en la impotencia, ha
recurrido al Defensor del Pueblo y a varias asociaciones. A Save The
Children no le sonaron nuevas las palabras de esta profesora de música y
se puso manos a la obra. Con el respaldo del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, ha investigado con profusión el caso y
otros tres similares, además de analizar 65 autos de diferentes
audiencias provinciales dictados durante el último año y medio. Las
conclusiones del informe no pueden ser más preocupantes. «La Justicia
española tiene graves deficiencias en casos de abuso sexual infantil en
el ámbito familiar. Ante la dificultad de acreditar los hechos, tiende a
archivar las causas sin investigar, dejando a los niños en graves
situaciones de desprotección. Los niños no tienen credibilidad. Tampoco
hay especialistas y hay que exigirlo. Te encuentras con informes que son
corta y pega. No se aplican los estándares internacionales», denuncia
la abogada Yolanda Román, directora del estudio.
En España se abrieron 144 causas por abusos sexuales a
menores en 2011, según la última memoria de la Fiscalía General del
Estado. No existen cifras actualizadas de sentencias, lo que impide
evaluar el efecto del incremento de penas, la única medida impulsada
ante la creciente alarma social. Amnistía Internacional lo denunció hace
tres años, pero la situación ha empeorado porque los informes del
Observatorio de la Infancia del Gobierno llegan solo hasta 2009. Hablan
de 3.549 denuncias por presuntos abusos sexuales contra menores, el
triple que hace una década. La sequía estadística es total.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La
Rioja, Ignacio Espinosa, tampoco maneja porcentajes, pero sabe que es
«muy difícil conseguir condenas porque las pruebas, por lo general, son
muy endebles. En caso de duda puede la presunción de inocencia. Sí, es
sangrante, pero la verdadera prueba es la del juicio, y en esos delitos
en la intimidad solo hay dos versiones. ¿Dónde está la verdad? Nos
solemos quedar sin prueba de cargo y el fiscal no sigue».
«Ojalá no hubiera nacido»
Algo parecido les ha pasado a los hijos de las mujeres
desesperadas -éstas sí que lo están- que han accedido a colaborar en
este reportaje. Miden cada palabra y sujetan el terror sin aspavientos.
Sus casos están sobreseídos y recurridos. En todos existen informes
médicos con indicadores de abuso sexual y en tres de ellos la denuncia
ha partido de un centro sanitario. Sin embargo, las cuatro se han tenido
que personar como acusación particular para mantener vivas las causas.
Ana se ha dejado por el camino 90.000 euros. Pero mucho peor es escuchar
a la pequeña Raquel decir «mamá, ojalá no hubiera nacido».
Administrativa, 38 años, decidió separarse de su verdugo cuando le
apretó el cuello. Era mayo de 2006, y Ana se refugió en casa de sus
padres con la cría, de 3. Le denunció por maltrato, pero el juzgado lo
calificó de «peleas mutuas». Hoy, sigue recibiendo tratamiento en un
centro público de Madrid.
El progenitor y la niña se vieron con normalidad hasta que
en marzo de 2007 la pequeña regresó a casa con las braguitas manchadas
de algo que podría ser sangre. No había cumplido los 4. Se quejaba de
dolor en la vagina y la madre salió corriendo al hospital. «Mi padre me
ha metido algo como un cuchillo», lloró en urgencias. Se le diagnosticó
vulvovaginitis, pero los facultativos no fueron capaces de analizar el
líquido por un error en la toma de la muestra. El centro sanitario
denunció el caso a un juzgado de instrucción, que tardó seis meses en
iniciar la investigación sin dictar ninguna medida de protección. Ana le
hizo caso a su abogado y permitió que su pequeña siguiera viéndole en
fines de semana alternos. «De lo contrario, se podría interpretar que yo
me lo inventaba. El vacío que sientes es terrible».
El examen pericial reveló que si bien el relato de Raquel
«no parecía del todo probable, el padre presentaba conductas de riesgo
para la niña». Había reconocido a los peritos que en alguna ocasión le
había tocado el pene. El informe confirmó el maltrato hacia la niña,
pero no el contenido sexual del mismo. El juez traspasó el caso a otro
tribunal, donde el padre recurrió la anulación de las visitas y
consiguió ver a la pequeña todos los sábados por la tarde en un punto de
encuentro.
La pesadilla acababa de empezar. El caso se archivó, pero
Ana lo recurrió aportando un nuevo informe de un perito que advierte que
«el padre ha realizado manipulaciones en la vagina de la niña,
introduciendo objetos en la misma». Ya en 2010, la Audiencia Provincial
confirmó el sobreseimiento y les envío a un servicio de mediación. La
fiscal se opuso a que Raquel volviera a dormir con su padre, pero el
juzgado de familia le concedió cuatro días con sus cuatro noches cada
dos semanas. Nada más estrenar este nuevo régimen, la pequeña de 7 años
relató en el hospital: «Papá me ha tocado el "pepe"». Nuevo parte médico
por «sospecha de abuso sexual». Nueva denuncia de la madre, que se
archiva 16 meses después con una sola prueba practicada por una
psicóloga sin colegiar. De postre, el juez ordenó la apertura de
diligencias penales contra Ana por «denuncia falsa».
En la actualidad, el padre sigue viendo a la pequeña como
cualquier otro divorciado. «No hay nada que justifique tanto dolor.
Nadie va por gusto a un hospital con una cría. Raquel se sigue
despertando por las noche, grita, llora, le aterra verle. No hay
palabras para definirlo. ¿Cómo es posible que en nuestro país pasen
cosas así?», clama Ana.
Ojalá fuera un caso único. El Defensor del Pueblo ha
abierto una investigación para averiguar quiénes son los profesionales
adscritos a los equipos psico-sociales, que son los encargados de emitir
informes en cuestiones tan sensibles como el régimen de visitas. Y se
ha quedado estupefacto: comprobó que en la mayoría de las comunidades
autónomas solo se les exige la licenciatura en psicología o en trabajo
social. No existen protocolos uniformes, ni la obligación de estar
colegiados, lo que dificulta su rendición de cuentas por errores
deontológicos. Que se lo cuenten a Ana. Su demanda contra la psicóloga
ha ido a la papelera.
Javier Hernández, presidente de la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial de Tarragona, muy sensible con estos asuntos,
recuerda que en la legislación española «nada se establece sobre la
intervención de expertos en el acceso a la información, ni sobre la
necesidad de regular un verdadero estatuto del menor en el proceso
penal». Esta situación cambiará por las directivas europeas que desde
este mismo año obligan a la Justicia española a proteger mucho más a las
presuntas víctimas. También a que los expertos judiciales estén
especializados. Supondrán «cambios radicales. Hay una inercia de tratar a
estas víctimas como al resto, cuando son especiales», recalca Gema
García, fiscal de menores de Valencia. «Es verdad que no hay todos los
medios, pero con los que hay se puede proteger mejor al niño. A veces es
cuestión de sensibilidad y empatía». Es una de las acusadoras públicas
que más claro habla, convencida de que es importante «poner de
manifiesto los errores para corregirlos». Aunque sean «una minoría.
Afortunadamente en nuestro país, el culpable acaba con sentencia
condenatoria».
A María O. -andaluza, 39 años- no le vale el consuelo de la
fiscal. «Mi ex me ha hecho jaque mate. Me ha matado. Tú sufres un dolor
insoportable mientras el sistema te acorrala para que cedas. Pienso que
voy a reventar porque al principio no la protegí y ahora todo está en
mi contra. Lucho y me acusan de manipulación. Pero la verdad tiene que
salir». De nuevo, un divorcio con maltrato de por medio, cuando la cría
tenía año y medio. Ella, con doctorado universitario. Él, militar.
Estrella aprendió a hablar y empezó a decir que no quería ir con su
padre «porque es malo y me hace daño, me duele mucho». La niña ha tenido
que relatar en el juzgado qué y cómo se lo hacía su padre. Pero terminó
escondiéndose en el abrigo. No la han creído. Y menos a su madre, que
le han dicho que deje de presionarla. Estrella cumplirá 7 años en
febrero y «piensa que tiene la culpa de todo».
De esos 65 autos dictados por las audiencias provinciales
-respuesta a las apelaciones contra los archivos de causas penales por
abuso sexual infantil-, el 61,5% confirma el sobreseimiento y el 38,5%
ordena reanudar la investigación. Los principales argumentos para
guardarlos en el cajón son «la influencia materna, la falta de
credibilidad, la edad y la existencia de informes psicológicos que
descartan el abuso sexual», indica el informe de Save The Children.
Pruebas a las madres
La psiquiatra Irene Intebi, presidenta de varios comités
internacionales de protección de la infancia y asesora de instituciones
cántabras y vascas, se indigna con la "papeleta" de las madres
denunciantes: «A la hora de investigar y validar las sospechas de abuso
sexual se les suele someter a ellas a estudios y pruebas para garantizar
su cordura y la justificación de las sospechas, mientras que nadie pone
en duda la sinceridad de los supuestos agresores que niegan haber hecho
algo».
Sonia, catalana y quiromasajista, ha tenido que
justificarse tantas veces en los juzgados para proteger a Alicia «que he
seguido su juego y he terminado cediendo la custodia a mis padres». La
historia es parecida a las del resto. Divorcio, proceso penal por
maltrato y la custodia de Alicia para ella. Tenía 17 meses cuando volvió
de un fin de semana con papá -un próspero empresario- con hematomas en
las piernas y la vagina enrojecida. En el hospital le dijeron que era
gravísimo y que llevaban el asunto a los tribunales. Pero el juez denegó
medidas de protección y sobreseyó el caso. De postre, la Generalitat
advirtió a Sonia de que si seguía denunciando podría perder la custodia,
pese a que lo hizo el hospital.
Cuando Alicia tenía 4 años, en Urgencias le diagnosticaron
«eritema y erosión vaginal». El forense lo denunció y el juzgado... ¿lo
adivinan? En la Generalitat insistieron en la posible manipulación
materna y ofrecieron a los progenitores un plan de mejora temporal, que
consiste en que los abuelos maternos se queden con la niña. «Me
arrepiento totalmente, ha sido una trampa», llora ahora Sonia. Porque la
niña también podía ir a dormir a casa de los abuelos paternos y una
funcionaria descubrió que la nena no tenía cama, dormía en la de su
padre. Se suspendieron esas visitas, pero le tiene que seguir viendo.
Sonia ha intentado inútilmente recuperar la custodia. Lleva dos años sin
vivir con ella y ha llegado a la fatal conclusión de que «todo es una
trampa. No se puede con la verdad. La impotencia es absoluta. No nos
hacen caso, y eso que Alicia lo ha contado siempre. No entiende por qué
no hacen nada». La niña lo repetía hace unos días: «El papá es malo, me
hace daño. ¡Que se lo coman ya los tiburones!». (FUENTE: EL CORREO).
