En general, el fraude fiscal en lo que respecta al Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) es
un asunto que provoca importantes pérdidas
presupuestarias en los países miembros de la Unión Europea. Se trata de
una actividad fraudulenta llevada a cabo por redes mafiosas, que también
afecta a las condiciones de competencia y al funcionamiento del mercado
interior de cada país.
En
los últimos tiempos, la UE ha detectado que este tipo de prácticas se
están llevando a cabo de forma cada vez más sofisticada, apareciendo
modalidades específicas de fraude fiscal repentino y masivo,
especialmente a través del uso de medios electrónicos que facilitan el
comercio ilícito rápido y a gran escala. Entre los sectores que se están
viendo afectados está el energético.
Después del fraude de IVA a gran escala descubierto en el mercado de
emisiones de CO2 en 2009, este tipo de mafias están dirigiendo su
objetivo a otro tipo de operaciones relacionadas con el gas y la
electricidad, que están afectando, principalmente, a los países del
Centro de Europa.
Según fuentes del sector consultadas, no se tiene noticia de que se
haya producido alguna operación ilícita relevante de este tipo en
nuestro país. Esta práctica lleva coleando desde 2011, año en el que el
grupo de trabajo fiscal de Eurelectric -patronal europea del sector
eléctrico- decide reunirse junto a otras organizaciones, como Eurogas,
para tratar de controlar este fraude.
El 'modus operandi'
Una
de las personas que acudió a aquella reunión nos ha contado el modus
operandi de este tipo de organizaciones: primero entran en un país con
el objetivo de ofrecer energía que, previamente, han comprado en el
mercado. Generalmente, la energía es ofrecida a consumidores de un
tamaño razonablemente importante con unos precios muy competitivos,
porque ellos juegan con el margen de que todo el IVA que están
recaudando se lo van a llevar como un beneficio de su actividad.
Luego, contactan con personas que tienen un cierto conocimiento del
sector eléctrico en el país en el que van a actuar. Montan una empresa
que, aparentemente, funciona con total normalidad y ofrecen unos precios
que son mucho más competitivos que los que puede ofrecer cualquier otra
compañía que está comprando energía en el mercado.
Cuando estas empresas ficticias ya han generado una cartera de
clientes suficientemente razonable y han recaudado unas cantidades
elevadas, tanto por la energía que venden, pero sobre todo por el IVA
que recaudan y que tienen obligación de ingresar en Hacienda, desaparecen de un día para otro, obteniendo unas ganancias de muchos millones de euros.
Empresas ficticias
El
hecho es que, según la fuente consultada, entrar en estos mercados no
es fácil por la gran cantidad de dinero que se maneja. La mayoría de
estas empresas ficticias, que han visto en este tipo de transacción una
posibilidad de negocio, suelen estar relacionadas con mafias
involucradas en el tráfico de drogas, tráfico de armas e incluso, alguna
de ellas, dedican el dinero a financiar redes terroristas -según ha
publicado la prensa italiana-.
Incluso, en ocasiones, estas organizaciones criminales han
extorsionado a personas que se habían dado cuenta de que algo raro
estaba pasando. Aunque no nos han podido cuantificar la cantidad, el
fraude del IVA está provocando la pérdida de varios miles de millones de
euros en las arcas de ciertos países.
Con el objetivo de luchar contra esta lacra en materia energética, un
total de diez asociaciones europeas del gas y la electricidad llevan
cuatro años coordinando esfuerzos. De manera global, estas asociaciones
intentan concienciar a todos los Estados miembros del peligro de estas
redes fraudulentas y solicitan medidas legislativas para combatir las
tentativas de estos estafadores y terminar de una vez por todas con este
fraude en el sector energético.
Precisamente, en julio del pasado año la Comisión Europea presentó un
paquete de medidas antifraude que amplía el número de bienes y
servicios en los que se ha detectado un fraude en el IVA e incluye al
gas y a la electricidad.
Se trata de dos Directivas temporales -vigentes hasta el 31 de
diciembre de 2018- que modifican la Directiva 2006/112/CE- en lo que
respecta a dos cuestiones: la aplicación del Mecanismo de Inversión del
Sujeto Pasivo -Reverse Charge Mechanism (RCM)- a determinadas entregas
de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude. Es un
mecanismo por el cual la obligación de pagar el IVA pasa a la persona
destinataria de la entrega de bienes o prestación de servicios.
La segunda medida consiste en la implantación de un mecanismo de
reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA -Quick Reaction
Mechanism- mediante el cual el Estado miembro interesado tenga la opción
de aplicar durante un breve periodo una inversión del sujeto pasivo,
tras haber realizado la notificación correspondiente.
Actualmente, sólo seis Estados miembros ha transpuesto este juego de
medidas legales en la ley nacional. Se trata de Austria, Francia,
Alemania, Países Bajos, Rumanía y el Reino Unido, de ahí que los Estados
miembros restantes se encuentren desprotegidos cuando desde estas
organizaciones se sigue haciendo hincapié de manera reiterada de que
existen signos de la penetración de estafadores de IVA en estos
mercados.
Por tanto, se considera que hasta que los 28 Estados miembros de la
UE no transpongan y apliquen el RCM, la integridad del resto de mercados
al por mayor de energía europeos están amenazados, lo que crea riesgos
importantes legales y financieros para los participantes legítimos del
mercado inconscientemente envueltos en este tipo de actividades
fraudulentas y que también puede dañar la operación del propio mercado.
Fraude de emisión
Uno
de los mayores fraudes en el tema del IVA se produjo en las
transacciones de compra-venta de certificados de emisiones. El Régimen
Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS, por sus siglas en
inglés) surgió en 2005 con la intención de estimular la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero.
Para ello se establece la asignación gratuita de derechos de emisión a
empresas de sectores de actividad con elevada intensidad de emisiones y
se les permite vender sus cuotas sobrantes a las que emiten menos. (FUENTE: EL ECONOMISTA.ES).
