Cuatro de cada diez jóvenes aceptan la pena de muerte para delitos muy graves.

El 38,7% de los jóvenes de entre 15 y 24 años justifica que se aplique la pena de muerte a personas que cometan delitos “muy graves” y otro 17,8% está de acuerdo, aunque con matices, según el informe Jóvenes y Valores Sociales del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. 

 La consideración de la pena de muerte como medida adecuada para esos casos ha ganado valoración entre los jóvenes en comparación con un estudio similar de 2006, ya que entonces obtenía una puntuación de 4,18 y ahora es de 5,05, donde 1 significa rechazarla totalmente y 10 aceptarla sin reparos. 

Entre otros datos, basados en el resultado de un millar de encuestas, el 66,4% defiende la libertad “total” para abortar y otro 14,9 % se muestra partidario en menor grado. 

Seis de cada diez defienden ampliamente la eutanasia, pero el 66,5% rechaza claramente el suicidio; y el 66,1% ve bien la adopción de hijos por homosexuales. Aparte, más de la mitad (56,8%) confía poco en el sistema parlamentario, que obtiene una puntuación de 3,91, algo más que los partidos (3,07). 

Crítica a instituciones 

“Es claramente crítica la confianza de los jóvenes en las instituciones. El sistema de justicia, los sindicatos, la patronal, el Parlamento, el sistema financiero, las instituciones religiosas y los partidos políticos suscitan escasa confianza”, constatan las conclusiones. 

No obstante, una mayoría amplia de los encuestados (70%) está de acuerdo con que haya “gobiernos fuertes que garanticen orden y autoridad” y el 86% valora vivir en entornos “completamente seguros”, según explicó en la presentación el director técnico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), Eusebio Megías. Lo más valorado son el sistema educativo (6,22 puntos), ONG (6,17) y formas y medios de información en internet (6,05). 

El 27% cree que los inmigrantes hacen del país un lugar peor y más inseguro. El 5,5% entiende que se contrate a los extranjeros en peores condiciones laborales por su procedencia y el 8,7% no lo ve del todo mal. Sobre este punto, el director general de FAD, Ignacio Calderón, cree que la crisis trae una sensación de inseguridad personal mayor, lo que tiene “efectos defensivos” y la búsqueda de “orden”. Las respuestas señalan que el 12% acepta maltratar a un detenido para conseguir información y un 13,9% se lo plantea. El 6,1% justifica enfrentarse violentamente con la policía y el 10,8% no lo descartaría. 

Preguntados por asuntos laborales, el 63,5 % quiere tener un trabajo “como sea”, pero el 56 % rechaza irse al extranjero. Más de la mitad acepta que se consigan discos, películas o videojegos pirateados. 

Los jóvenes dan más importancia a conocer personas de confianza, buenas relaciones familiares, ganar dinero, éxito laboral, sexualidad satisfactoria y formación cultural y profesional, que valoran con una media superior a 8 puntos sobre 10. 

Por debajo de los cinco puntos, sólo aparecen la política y la religión como lo menos valorado, aunque ha subido el interés por estas cuestiones respecto de 2006. Aumenta ampliamente el rechazo a los recortes sociales principalmente en sanidad, enseñanza, promoción del empleo de calidad y ayuda a los pobres, y bajan los sujetos que no reducirían los presupuestos para mujeres maltratadas, drogadictos, dependencia o cooperación. (FUENTE: EFE).

Un eurodiputado británico recomienda aprender las dotes oratorias de Hitler...

...Y a mí me parece muy bien ya que Hitler fue uno de los mejores oradores del siglo pasado. Si no ¿cómo se explica su arrollador ascenso y el masivo seguimiento de sus proclamas?.

Su facilidad para atraer y convencer a los oyentes era fantástica, empleando las tres fases de un discurso (ethos, logos y pathos) con pasmosa brillantez. Cosa diferente es aplaudir su contenido, algo que no voy a hacer por convencimiento personal.

Como decía, un discurso se divide en tres partes: ethos, logos y pathos. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas:

ETHOS: Es la base del discurso ya que establece el vínculo entre el orador y los oyentes; sirve para enganchar, para preparar el terreno, por lo que el orador hace referencia a aquellos hechos, recuerdos o pensamientos compartidos con los oyentes. 

LOGOS: Es la que entraña más dificultad y esfuerzo de las tres ya que en esta segunda fase el orador tratará de convencer a la audiencia desarrollando y potenciando sus propios argumentos en detrimento de los ajenos, los cuales tratará de destruir.  Si alguna idea es débil o difícil de defender, el orador procurará pasar de puntillas sobre ella prefiriendo decir que el resultado "es inferior a cinco" antes que asegurar, si no es capaz de hacerlo, que "dos y dos suman cuatro".

PATHOS: Supone el colofón del discurso y se emplea para generar emociones: alegría, pena, excitación, patriotismo,... Sin levantar emociones el orador solo alcanzará la indiferencia.

En resumen, una idea descabellada puede imponerse a un colectivo mediante un brillante discurso que interprete correctamente las tres fases que lo componen; por contra, un mensaje positivo puede caer en el olvido si el discurso no consigue llamar la atención del público. Tenemos que distinguir claramente entre el éxito de un discurso y su contenido, con el que estaremos o no de acuerdo.

Falsificación de firmas en el Caso Aneri sobre fraude en cursos de teleformación no realizados.

La Unidad adscrita de Policía Judicial que investiga el caso Aneri concluye en su informe que la trama desarticulada «estaba perfectamente organizada» para defraudar a las arcas públicas de la Comunidad de Madrid «recibiendo subvenciones por cursos de teleformación, los cuales figuran realizados por 8.480 alumnos ficticios». 

Para ello, el entramado dirigido por el empresario cordobés José Luis Aneri creó asociaciones a nombres de terceras personas, algunas veces sin su permiso, diseñó un programa informático para evitar los controles del Gobierno regional e incluso falsificó firmas de presidentes de asociaciones para abrir cuentas bancarias. 

Según los informes de los investigadores, la red diseñó una «telaraña familiar de empresas encargadas de impartir los cursos de teleformación, y así evitar los posibles controles» que hiciera la Administración autonómica. Ellos mismos, según la Policía Judicial, eran los encargados de solicitar los cursos subvencionados en nombre de las asociaciones.

La investigación detalla que Alfonso Tezanos, uno de los imputados en la causa, figura como presidente de las asociaciones Agisem, Ceicam, Cei Autónomos y Fedecam, a las que le fueron concedidos cursos de teleformación subvencionados en el año 2012. La trama, además, creó la asociación Centro Cívico Comercial Sur, de la que es presidente la madre de Víctor Porta, otro de los imputados. Igualmente, Tezanos, según la Policía, creó la asociación Apacom poniendo como presidente a Pedro Pérez Gómez «sin que éste lo supiera». 

De acuerdo a los informes policiales, los investigados eran los encargados de impartir los cursos fraudulentos subvencionados por la Comunidad, a través de sus empresas, «obteniendo» con ello «ingentes cantidades de dinero» público.

Para dar de alta en la plataforma a los alumnos ficticios, subraya la Policía, «han tenido que contar» con la colaboración de trabajadores de sus empresas, «los cuales es posible que desconozcan que los alumnos eran ficticios».

Asimismo, la Policía señala que los investigados diseñaron un programa informático (Plataforma)para simular a falsos alumnos realizando cursos de teleformación con el fin de evitar sospechas ante una posible comprobación de la Comunidad de Madrid. 

La Policía también cree que la organización de Aneri abrió cuentas bancarias a nombre de las asociaciones «tras falsificar la firma de los presidentes». Los investigadores llegan a esta conclusión porque «son varios los presidentes que dicen que no habían abierto cuentas bancarias para la asociación que representan, lo que unido a los sellos intervenidos por esta unidad, confirman dichas sospechas», explica la Policía. Esos sellos requisados corresponden a los utilizados por la Consejería de Empleo para formalizar los documentos en su registro y estaban en poder de los detenidos.

Dar salida al dinero

Para dar salida a las «ingentes» cantidades de dinero que recibían, la trama de Aneri utilizaba un entramado de empresas controladas por ellos, como Pinturas y Tarimas Vilmar S.L. o Formación, Innovación y Proyectos. Según los investigadores, los fraudes se cometían «con un alto grado de profesionalidad» dado el importante número de empresas mercantiles, plataformas de cursos y cuentas bancarias de la red. De acuerdo a la Policía, los integrantes de la trama «se repartían las tareas». Alfonso Tezanos, Víctor Porta, José Luis Aneri y Joaquín Aneri serían los encargados de solicitar las subvenciones de los falsos cursos y justificarlos ante la Comunidad con alumnos falsos, «repartiéndose entre todos ellos las subvenciones recibidas», de acuerdo a los informes de los investigadores. 

La finalidad de la red, según la Policía, era captar las subvenciones de la Comunidad de Madrid con el objetivo de obtener «un gran beneficio económico, importándoles poco las repercusiones de las que puedan ser responsables».

Para poder hacerlo, concluye la Policía, «han tenido que falsificar muchos documentos oficiales, los cuales han presentado posteriormente a la Comunidad para obtener las subvenciones».

En otro de los informes, se señala que Alfonso Tezanos recibió desde la cuenta de Sinergia Empresarial Avanzada SL, «entidad en la que su hija Angela figura como socia», una transferencia de 194.268,37 euros. Desde la cuenta de Pinturas y Tarimas Vicmar SL, «en la que su mujer», M. S. G., figura como socia, habría recibido 47.409,47 euros. 

Igualmente, consta que el imputado recibió una transferencia de 227.445 euros procedente de Sinergia Empresarial Avanzada SL a través de «sociedades en la que ha intervenido o ha tenido participación», como Star Pymes, en la que aparece como socio junto a Porta, o Pymes y Desarrollo SL, de la que él es apoderado mientras Porta es el administrador. 

Además, precisan los informes policiales, existió un traspaso de 48.735 euros desde Sinergia a Fedecam, la asociación de la que era presidente Tezanos. De acuerdo a los investigadores, el imputado no acreditó la causa de la recepción de dichas cantidades. 

Todos los implicados en la trama están libres acusados de utilizar una red empresarial en la que familiares hacían las veces de socios para blanquear grandes cantidades de dinero. (FUENTE: EL MUNDO).

Frases de Criminología: George Eliot (Mary Anne Evans), novelista británica.

La crueldad, como cualquier otro vicio, no requiere ningún motivo para ser practicada, apenas oportunidad.

Los errores de la justicia en España y su coste económico.

El Karrat Ez Zitouni recibió el año pasado 650.000 euros del Estado. No fue ni una ayuda ni una subvención. Se trataba de una indemnización que intentaba compensar por la vía económica el calvario, los daños morales y de todo tipo, que ha sufrido durante 8 años y 11 meses por un mayúsculo error de la Justicia española. Ese es el tiempo que este ciudadno marroquí residente en El Ejido (Almería) ha pasado en la cárcel por la violación a una mujer en 2001 que él no cometió. Un juez le envió a prisión con la única prueba del testimonio de la víctima, que en 2006 se retractó y admitió que había mentido al señalar a un falso culpable. Por ello fue condenada en 2009 a una pena de tres años y una multa.

Sin embargo, mientras todo eso ocurría y pese a las evidencias, Ez Zitouni seguía recluido. No fue hasta marzo de 2010 cuando el Tribunal Supremo anuló la sentencia que le mantenía entre rejas. Ya había cumplido dos tercios de la condena inicial. Reclamó a la Justicia por medio de sus abogados y recibió los 650.000 euros para subsanar el infierno que habían pasado él, su mujer y sus tres hijos, de "corta edad" cuando sucedieron los hechos.

Ésta es una de las reclamaciones a la Administración de la Justicia resueltas a favor del afectado por funcionamiento anormal en 2013, un año en el que el Estado gastó 3,78 millones de euros por pifias en los tribunales, según un informe del Consejo General del Poder Judicial. Esa cifra, aunque abultada, es inferior a los 4,77 millones desembolsados en el ejercicio precedente.

¿Qué supone un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia? Un individuo puede reclamar ante los órganos competentes en varios supuestos. Uno de ellos es el error judicial, pero hay más. Los retrasos indebidos, la suspensión de una vista, el extravío de pruebas y documentos, la detención indebida y la prisión preventiva mal aplicada son otros de los motivos por los que puede iniciar el trámite.

El 'caso Ricardi'

En 2013 se pusieron en marcha 678 expedientes de responsabilidad patrimonial con cargo a la Administración, un número casi parecido al del año anterior (684). Y en el mismo periodo se resolvieron 679, que no tienen por qué ser los mismos que se abrieron, sino que puede incluir alguno pendiente de ejercicios anteriores. Este número es ligeramente inferior al de 2012, pero la diferencia resulta insuficiente para explicar por sí mismo por qué se ha reducido en un millón de euros el pago de indemnizaciones.

Es decir, no solo se desembolsó menos dinero en ese concepto porque se resolvieron menos casos, es de suponer que también influye la cuantía de cada una. No es lo mismo pagar a un afectado por la suspensión de una vista que a una persona a la que se ha enviado a la cárcel siendo inocente. Y de esta última naturaleza, la del error judicial -tal y como lo llama la ley-, ha habido casos muy sonados, además de el de Ez Zitouni. Por ejemplo, el de Rafael Ricardi, cuyo fallecimiento a principios de mes volvió a recordar la terrible situación por la que pasó.

Este hombre estuvo trece años en la cárcel acusado de haber cometido dos violaciones. Luego, se probó que él no fue el autor y salió de prisión en 2008. Había pasado 4.630 días entre rejas. El Estado le indemnizó con un millón de euros en 2010, después de que sus abogados presentaran un recurso para elevar la cifra de 550.600 euros con la que le habían compensado en un primer momento. Su letrada dice que nunca superó las secuelas psicológicas.

Los "infrecuentes" errores judiciales

¿Qué es exactamente un error judicial? Se trataría de una situación en la que "se acredita una respuesta improcedente" por parte del juez y que de ella "se deriva perjuicio alguno", señalan fuentes jurídicas. Pero hay que dar testimonio fehaciente de esa respuesta. En 2013 se dieron trámite a 92 nuevos casos de este tipo -el año anterior fueron 30 menos-, pero solo hubo tres indemnizaciones. En el ejercicio anterior fueron siete.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, asegura que los errores judiciales son "infrecuentes". "Los jueces resuelven con corrección, perfección y responsabilidad", subraya. De hecho, explica que la Justicia española goza de muy buen reputación más allá de nuestras fronteras: "Nuestro nivel de calidad es reconocido". En su opinión, la cantidad de errores tiene más que ver con el manejo de miles de asuntos que con mala praxis.

No todas las personas que reciben una compensación de la Justicia han pasado por situaciones tan límites. De hecho, en 2013 se triplicaron los expedientes estimados por lo que el Consejo del Poder Judicial llama "dilaciones indebidas". Se trata de retrasos en los procesos judiciales. Hubo 72 casos que se admitieron a trámite.Ahora bien, "no todos" pueden prosperar. Los ordinarios, por ejemplo, "no dan derecho a la indemnización", puntualiza Llarena. Es decir, que cuando la lentitud de la Justicia tiene que ver con "sobrecarga o densidad" no hay nada que hacer. Se tiene que apreciar una "paralización no justificada" para que la queja reciba el aval de los órganos competentes.

Cada situación requiere de que se cumplan unos criterios. Por eso, no todos las reclamaciones que se presentan son admitidas a trámite. En 2013, se desestimaron 7 de cada diez. La cifra es alta, pero menor a la del ejercicio anterior. Entonces, solo se admitieron el 13,8%. Para presentar una solicitud hay que seguir un procedimiento judicial, pero antes hay que tener en cuenta qué hechos son indemnizables y que el daño que se alegue debe ser efectivo y evaluable. Así lo dicta la regulación. 

Cómo reclamar

Se llama reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado y debe dirigirse al Ministerio de Justicia. Se tramita siguiendo un procedimiento recogido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Lo primero es contar con una decisión judicial que expresamente reconozca el error;  si no es así, hay que solicitar la declaración de error judicial ante el Tribunal Supremo en un plazo de tres meses a partir del día en que el que pudo ejercitarse. Un vez reconocido el error, se podrá solicitar la indemnización en el plazo máximo de un año. (FUENTE: EL CORREO).

La avispa asesina asiática vuelve a atacar en Asturias.

Un inesperado susto. Eso es lo que se llevó Felipe Carrera, un vecino de Nueva de Llanes (Asturias) cuando un enjambre de avispas le atacó mientras desarrollaba labores de desbroce en las inmediaciones del cementerio, dejándole varias picaduras en diversas partes del cuerpo. Este barrendero de 56 años se acercó a la zona del camposanto para adecentar las márgenes del camino de acceso. Alrededor de las 10.30 horas, al llegar a un punto de la cuneta con su máquina desbrozadora comenzó el ataque. «No me dio tiempo a reaccionar. Empezaron a salir del suelo muchísimas avispas y a picarme. Tiré la máquina al suelo y comencé a rascarme porque de inmediato sentí un picor muy intenso», explicó.

Los picotazos que, según contó, «no fueron muy numerosos, en comparación con la cantidad de avispas que aparecieron», estuvieron localizados sobre todo en las manos, los pies y el cuello. El picor se fue convirtiendo en un fuerte dolor en algunos puntos concretos del cuerpo y, además, Carrera sintió muchos mareos. Tantos que decidió, en un primer momento, sentarse en el suelo. «Como tenía el coche allí cerca, traté de llegar hasta él, pero de camino me di cuenta de que no estaba en condiciones de conducir ni siquiera», relató. Fue entonces cuando llamó por teléfono a su mujer para que enviase a alguien a recogerlo, avisándola de que en ese instante incluso «estaba perdiendo hasta la vista».

Antes de llegar el auxilio, Felipe Carrera reconoció el vehículo de una vecina, que se encontraba dentro del cementerio, a la que llamó pidiendo ayuda. Ella fue quien lo trasladó al centro de salud. Una vez atendido, el afectado explicaba que la médico le confesó que «si llego a ser alérgico al veneno de las avispas, es posible que no lo hubiese contado». «Según me explicaron, con la picadura de estas avispas se te paraliza hasta el corazón en algunos casos».

Permaneció casi tres horas y media en el ambulatorio donde se le suministraron antídotos, otros medicamentos y suero. Posteriormente pudo irse a casa por su propio pie, aunque bastante débil aún. «Me mandaron que descansara y que bebiese mucho líquido durante todo el día», detalló. A última hora del día únicamente contaba ya con algo de hinchazón en una de sus manos. Como barrendero, y pasando por trabajo largas horas al aire libre, no es la primera vez que recibe alguna picadura de avispa. «Todos los veranos me pica alguna, pero nunca sentí nada parecido a lo que me provocaron éstas», manifestó.

Dos víctimas en una semana.

Todo parece indicar que se trataba de la temida vespa velutina, conocida también como 'avispón asiático' o 'avispa asesina', una especie invasora que está sembrado el pánico entre la población asturiana. El pasado viernes, en la localidad parraguesa de Bodes, un hombre de 89 años fue atacado por «cientos de avispas» que salieron de la tierra tras haber escarbado un poco el perro que le acompañaba. Arsenio Díaz Escandón no pudo superar la reacción alérgica que le provocaron las incontables picaduras y falleció en el Hospital de Cabueñes. Antes que él, en la playa de Rodiles, fallecía el miércoles otro varón, de 55 años, tras ser picado por, al menos, dos avispas. (FUENTE: EL CORREO).

Diesel planta cara a la falsificación.

La falsificación y venta de productos bajo etiqueta falsa se ha convertido en uno de los peores enemigos de una industria sustentada sobre principios como la exclusividad, la creatividad, la artesanía o la calidad. Un mercado mundial que abarca desde bolsos, relojes o zapatos hasta ropa interior o cualquier tipo de prenda, y que amenaza y desprestigia no solo al sector del lujo, también a sus compradores, al que Diesel ha decidido plantar cara. 

La firma italiana acaba de presentar una demanda en la Corte de Distrito de Estados Unidos contra 83 sitios web a los que acusa de cybersquatting -según la a Ley de Protección al Consumidor, se considera bajo esta denominación el registro, tráfico o utilización del nombre de un dominio con un intento de mala fe de obtener beneficios de una marca comercial que pertenece a otra persona- y venta de productos falsificados con etiqueta similar a la de Diesel.

"El uso ilegal de las marcas Diesel para vender productos falsificados a través de varios sitios web de venta al por menor en el mundo hace daño a nuestros clientes que creen que están comprando un producto de calidad Diesel", explicó el fundador y presidente de la firma, Renzo Rosso. "Además, estos sitios web dañan la reputación y buena voluntad de la marca, obstaculizando el reconocimiento de los auténticos productos Diesel de calidad y artesanía".

Diesel, que acusa a estos 83 sitios web de "haber creado la falsa impresión de que están autorizados a vender productos genuinos de la marca Diesel", se ha convertido en una de las firmas más activas en la lucha con la falsificación. Según datos ofrecidos por la firma, en el 2013 los funcionarios de aduanas chinos confiscaron más de 70.000 productos falsificados bajo el nombre de Diesel a su salida del país. Pero el continente asiático no es el único lugar en el que la marca italiana centra su lucha. En el mismo periodo, las aduanas europeas retuvieron otros 35.000 artículos, una cifra que solo en el primer semestre de 2014 ya ha alcanzado las 15.000 piezas.

Además, consciente de que el negocio de la falsificación ha encontrado en la red su mejor aliado, Diesel ha desarrollado en el 2014 un programa de protección online de su marca, que, por el momento se ha saldado con el cierre de más de 120 sitios infractores, 1.000 vendedores bloqueados y aproximadamente 400.000 prendas falsas retiradas de este mercado ilícito.

(FUENTE: EL MUNDO).